Disputa entre Gobierno de Rosarito y comunidad LGBT+ escala tras marcha del orgullo
La disputa escaló con acusaciones cruzadas de chantaje, represalias y uso indebido del discurso de inclusión.
ROSARITO.- Tras las acusaciones lanzadas en la Marcha del Orgullo por parte del comité organizador Pride Rosarito, el Gobierno Municipal encabezado por la alcaldesa Rocío Adame rechazó tajantemente los señalamientos en contra de la titular de Inclusión, Nidia Yunuen Rosales Ávalos, y advirtió que no se permitirá el uso político ni el chantaje en nombre de la diversidad.
La Coordinación de Diversidad reveló que el comité solicitó un presupuesto de 400 mil pesos de recurso público, además de la condonación de más de 56 mil pesos en permisos para la venta de alcohol y mercancía durante el evento, a pesar de tratarse de actividades con fines de lucro y no de carácter comunitario. La negativa a otorgar esos beneficios desató una serie de acusaciones que, según Rosales, tienen más tintes de represalia que de legítima demanda por derechos.
“Estoy siendo atacada por cumplir con mi deber de proteger el uso del recurso público. No vamos a permitir que el dinero destinado a sectores vulnerables se utilice para patrocinar fiestas privadas ni se condicione a conveniencias personales”, declaró Rosales Ávalos. Además, alertó que uno de los integrantes del comité está vinculado a un siniestro ocurrido en Tijuana en 2020, lo que representa un riesgo para la seguridad institucional.
Pese a las agresiones públicas, el Gobierno Municipal garantizó la seguridad y el desarrollo de la Marcha del Orgullo, brindando apoyo con Protección Civil, presencia policial y servicios médicos. “La inclusión no puede ser pretexto para extorsionar ni manipular”, advirtió la funcionaria. El Ayuntamiento se deslindó de cualquier intento de presión y dejó claro que no se cederá a intereses particulares que pretendan disfrazarse de activismo.
