MEXICALI.- El Congreso de Baja California aprobó una reforma al Código Penal del Estado para fortalecer la protección a víctimas de abuso sexual, cerrar vacíos legales que permitían la impunidad y crear el nuevo tipo penal denominado “Exhibicionismo Corporal”.
El Pleno avaló el dictamen número 14 de la Comisión de Igualdad de Género, derivado de iniciativas promovidas por las diputadas Liliana Michel Sánchez Allende y Dunnia Montserrat Murillo López.
La reforma establece que la ausencia de una negativa expresa no implica consentimiento en un acto sexual, por lo que el silencio, el miedo o la inmovilidad de una víctima ya no podrán utilizarse para justificar una agresión sexual.
Asimismo, determina que el consentimiento debe ser libre y expresado, y reconoce que existe abuso sexual cuando intervienen violencia, amenazas, intimidación, engaños, abuso de poder o situaciones de vulnerabilidad.
Uno de los cambios centrales consiste en fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, al establecer que ninguna persona menor de 18 años puede otorgar consentimiento para este tipo de actos.
En consecuencia, cualquier agresión sexual contra menores será castigada con penas de entre ocho y trece años de prisión, mientras que cuando la víctima sea mayor de edad las sanciones serán de tres a diez años de cárcel.
El decreto también amplía la definición legal de abuso sexual para incluir tocamientos, roces corporales y la exhibición forzada del cuerpo con fines sexuales, con el objetivo de evitar interpretaciones que anteriormente permitían evadir responsabilidades.
Además, el delito de abuso sexual será perseguido de oficio, por lo que las autoridades estarán obligadas a iniciar investigaciones aun cuando la víctima no presente una denuncia formal.
La reforma contempla también atención psicológica especializada y la reparación integral del daño para las víctimas.
Las penas aumentarán cuando el delito sea cometido por varias personas, contra mujeres embarazadas, personas en contextos de vulnerabilidad o por motivos relacionados con identidad de género.
Asimismo, servidores públicos, profesionistas y ministros de culto que utilicen su posición para cometer este delito podrán ser inhabilitados de manera inmediata, además de enfrentar penas de prisión.
