“No hay pruebas de lavado”: Sheinbaum sobre sanciones de EE.UU. a diputada Brown
En conferencia de prensa, la mandataria recordó que Washington notificó a la UIF semanas antes de las sanciones sobre la investigación en curso contra Brown y otras cuatro personas presuntamente vinculadas
La presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó de las acusaciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó contra la diputada morenista Hilda Alicia Brown, exalcaldesa de Rosarito, al señalar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no encontró elementos que acrediten los señalamientos por presunto lavado de dinero a favor del Cártel de Sinaloa.
En conferencia de prensa, la mandataria recordó que Washington notificó a la UIF semanas antes de las sanciones sobre la investigación en curso contra Brown y otras cuatro personas presuntamente vinculadas con la facción de “Los Mayos”. Sin embargo, subrayó:
“De nuestro lado no hay pruebas suficientes como para establecer el lavado de dinero que ellos plantean, entonces fue una decisión de las instituciones del gobierno de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro”.
Sheinbaum recalcó que las autoridades estadounidenses deberán mostrar la evidencia que respalde los supuestos nexos de la legisladora federal con el grupo criminal. “No presentaron las pruebas suficientes para que la UIF pudiera congelar desde aquí las cuentas”, afirmó, y explicó que los bloqueos aplicados corresponden únicamente a las sanciones impuestas desde Estados Unidos.
Pese a ello, el jueves la UIF anunció que acataría las designaciones de Washington y suspendió las cuentas de los 22 señalados, entre ellos la exalcaldesa de Rosarito.
El Departamento del Tesoro acusa a Brown de haber cedido el control del municipio a integrantes de “Los Mayos” y de otorgar cargos clave a operadores del Cártel de Sinaloa. En su comunicado, la dependencia aseguró que:
“Trabajando juntos, (Jesús) González, (Candelario) Arcega y Brown recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de las actividades delictivas de los Arzate por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito”.
Frente a estas acusaciones, la legisladora rechazó cualquier vínculo con el narcotráfico y se dijo víctima de un intento de difamación: “Soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme”, expresó. Incluso, argumentó que el día de los hechos que se le atribuyen se encontraba en San Diego, California.