Diputados aprueban por unanimidad la nueva Ley contra la Extorsión
De acuerdo con la diputada Jessica Saiden, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, “más del 96% de los casos de extorsión no se denuncian"
Ciudad de México.– Con 456 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que endurece las penas contra quienes cometan este delito y permitirá perseguirlo de oficio en todo el país.
El dictamen, impulsado por el Ejecutivo federal y avalado por todas las bancadas, busca homologar el tipo penal en los 32 estados y establecer mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno para combatir uno de los crímenes más extendidos y con mayor cifra negra en México.
De acuerdo con la diputada Jessica Saiden, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, “más del 96% de los casos de extorsión no se denuncian, lo que refleja el miedo y la desconfianza hacia las autoridades”. Agregó que la nueva legislación responde al “clamor ciudadano frente a uno de los delitos que más lastima la economía y la tranquilidad de las familias mexicanas”.
La ley contempla penas de seis a 15 años de cárcel y multas de hasta 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización —equivalente a poco más de 56 mil pesos—, aunque en casos agravados las sanciones podrán llegar hasta los 25 años de prisión. Entre las agravantes se incluyen el cobro de “piso”, el uso de violencia física, la participación de grupos sindicales o criminales, o la comisión del delito desde centros penitenciarios.
El diputado Julio César Moreno, de Morena, destacó que con esta norma el Estado mexicano contará con “un tipo penal uniforme y penas más severas, sin beneficios de libertad anticipada”. Añadió que “por fin le pondremos un alto a las extorsiones en todas sus modalidades”, señalando que las denuncias podrán realizarse de manera anónima, incluso mediante el número 089, para proteger a las víctimas.
Sin embargo, desde la oposición surgieron advertencias sobre posibles efectos secundarios. El priista Alejandro Domínguez alertó que la nueva legislación podría permitir la salida anticipada de “cientos de sentenciados por extorsión” en entidades donde las penas actuales son más altas. “Tan solo en Chihuahua podrían quedar en libertad unas 150 personas, y en otros estados, como Guerrero o Morelos, la cifra podría llegar a 500”, aseguró.
Por su parte, la panista Margarita Zavala consideró que la extorsión “se ha convertido en una plaga que destruye el tejido social” y responsabilizó a la pasada estrategia de seguridad de “abrazos y no balazos” por el crecimiento de este delito. “La extorsión impone un impuesto criminal que restringe libertades y expulsa familias de sus comunidades”, expresó.
La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna Ayala, recordó que su bancada fue la primera en presentar una iniciativa similar y subrayó la importancia de que el delito sea perseguido de oficio. “No podemos olvidar casos como el del líder limonero Bernardo Bravo, asesinado por denunciar la extorsión. Cuando una familia paga para vivir, el Estado ha fallado”, sentenció.
Desde Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo pidió que la ley no quede en simulación. “Debe ser un parteaguas real. El crimen sigue operando desde las calles y también desde los penales. Si no hay voluntad política, esta ley no servirá de nada”, advirtió.
Pese a las reservas que serán discutidas en lo particular, el consenso alcanzado en el pleno fue visto como un paso importante en la búsqueda de una respuesta integral frente a un delito que afecta tanto a comerciantes como a ciudadanos de a pie.
