La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles una iniciativa para crear la Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental, con la que el Gobierno federal busca actualizar las herramientas legales disponibles para proteger los recursos naturales, restaurar ecosistemas y enfrentar problemas como la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.
La propuesta será enviada a la Cámara de Diputados para iniciar su discusión legislativa y sustituir el marco ambiental vigente desde 1988 por una legislación que incorpore nuevos criterios científicos, tecnológicos y sociales.
“Se va a enviar por parte del Gobierno de México, de Semarnat, para fortalecer las capacidades del Estado mexicano para proteger, cuidar, conservar, restaurar el medio ambiente y los recursos naturales”, explicó Sheinbaum durante su conferencia matutina.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, sostuvo que la actualización es necesaria ante los desafíos ambientales que enfrenta actualmente el país y planteó que la nueva ley busca modificar la relación entre crecimiento económico, bienestar social y conservación de la naturaleza.
Entre los cambios propuestos se encuentra ampliar las herramientas para prevenir daños ambientales, fortalecer los mecanismos de restauración y brindar mayor certeza jurídica tanto a comunidades como a proyectos de inversión.
La iniciativa también plantea incorporar avances científicos, innovación tecnológica y conocimientos ancestrales dentro de las decisiones ambientales, además de ampliar la participación ciudadana en la protección y recuperación de los ecosistemas.
Otro de los ejes será garantizar el acceso a información ambiental y a mecanismos de justicia para personas y comunidades que resulten afectadas por contaminación, degradación de recursos naturales u otras actividades con impacto ecológico.
La propuesta incluye además acciones dirigidas a reducir la generación de basura, incrementar el reciclaje, recuperar ríos, barrancas y playas, proteger especies consideradas emblemáticas y restaurar ecosistemas deteriorados.
Bárcena señaló que la nueva legislación también busca garantizar un medio ambiente sano como parte de la protección de la salud y del futuro de niñas y niños, así como fortalecer la defensa de las personas que trabajan en la conservación de la naturaleza y los bienes públicos.
El proyecto fue construido alrededor de diez principios, entre ellos considerar al patrimonio natural como base de la prosperidad y el bienestar; vincular la justicia social con la ambiental; privilegiar la prevención sobre la reparación; impulsar la conservación y restauración; gestionar el territorio con participación social y avanzar de una economía basada en el desecho hacia una de mayor aprovechamiento de los recursos.
También establece como principios el fortalecimiento de una cultura ambiental, la protección del patrimonio biocultural y el reconocimiento de que el cuidado de la naturaleza debe ser una responsabilidad compartida.
