En un memorando presentado ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, los fiscales destacaron que la procesada enfrenta una condena mínima de 40 años si es hallada culpable. Ante sus 69 años de edad, la pena señalada constituye un incentivo poderoso para intentar evadir el sistema de justicia estadounidense.
Tanto Flores como Maduro enfrentan cargos graves por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción —delitos de los que se han declarado inocentes—, mientras que la fiscalía sostiene que ambos recurrieron a la violencia extrema, incluyendo secuestros y asesinatos, para proteger sus operaciones ilícitas. Asimismo, las autoridades advirtieron que otorgarle libertad condicional en una residencia privada incrementaría el peligro de intimidación directa a testigos y víctimas vinculadas al caso.
Por su parte, la defensa había solicitado el traslado de la acusada por motivos médicos —alegando que pudo sufrir un infarto en julio y requiere intervenciones— ofreciendo un régimen de vigilancia armada de 24 horas, monitoreo por GPS, restricciones de visitas y llamadas intervenidas. No obstante, la fiscalía desestimó los argumentos al considerarlos infundados y señalar que los reportes de atención médica se han utilizado de manera reiterada como estrategia para buscar su excarcelación del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
El calendario procesal marca que la defensa tiene como fecha límite el 30 de septiembre para entregar su respuesta a los señalamientos de la fiscalía, mientras que el juez programó una audiencia decisiva para el próximo 8 de octubre, en la antesala de un juicio formal fijado tentativamente para el 1 de junio de 2027.
