Doce años después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la investigación continúa abriendo nuevas líneas a partir del reanálisis de información que ya existía, pero que, de acuerdo con las autoridades, no había sido estudiada a profundidad.
Una de las principales novedades está relacionada con las llamadas telefónicas realizadas durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes fueron detenidos y posteriormente desaparecieron en Iguala, Guerrero. La Fiscalía General de la República (FGR) volvió a revisar decenas de miles de comunicaciones y detectó conexiones entre 17 personas que hasta ahora no habían sido identificadas dentro de esa red de comunicaciones.
De acuerdo con lo explicado por Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, el análisis permitió identificar núcleos de llamadas entre personas señaladas por su presunta participación en la desaparición de los estudiantes y otros individuos relacionados con una funeraria, el Servicio Médico Forense y el sector médico de Iguala.
La relevancia de estas comunicaciones está en que permiten reconstruir contactos que ocurrieron precisamente durante las horas en las que se desarrollaron los hechos. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que algunas de las personas que aparecen en esos registros son individuos que ya se encuentran detenidos por su presunta participación en la desaparición de los normalistas y que, durante esa noche, mantuvieron comunicación con una funeraria y con un médico.
El seguimiento de esas llamadas llevó nuevamente la atención de los investigadores hacia una funeraria de Iguala que ya había aparecido anteriormente en las investigaciones del caso.
Las autoridades establecieron que la familia propietaria del establecimiento también tenía la concesión del Servicio Médico Forense de Iguala y que tenía participación en actividades relacionadas con el manejo de cuerpos. De acuerdo con la explicación oficial, la investigación busca determinar cómo funcionaba esta estructura y qué relación pudo haber tenido con las comunicaciones registradas durante la noche de la desaparición de los estudiantes.
La revisión de los antecedentes de la funeraria también llevó a nuevos cateos. En las instalaciones fueron localizados un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, documentación oficial firmada en blanco y autorizaciones para traslado de cuerpos que también estaban firmadas en blanco. Entre los documentos encontrados había certificados relacionados con causas de muerte, lo que, según las autoridades, podría evidenciar irregularidades en la operación de la funeraria y posibles vínculos con otros funcionarios del sector salud que intervenían en la certificación de los cuerpos.
También fue localizado un horno crematorio que, según la información proporcionada por las autoridades, no contaba con registro oficial.
Uno de los hallazgos que más atención ha generado es un fémur humano localizado durante las diligencias. Sin embargo, hasta ahora no existe una identificación que permita afirmar que ese resto pertenece a alguno de los 43 estudiantes desaparecidos. Su localización forma parte de los elementos incorporados a la investigación, pero por sí sola no establece su procedencia.
La investigación también ha documentado un vínculo anterior entre la funeraria y uno de los estudiantes desaparecidos. En agosto de 2025, las autoridades establecieron que el propietario del establecimiento había utilizado un teléfono que pertenecía a uno de los normalistas. Ese dato derivó en nuevas diligencias y ahora está siendo revisado junto con los registros de llamadas de la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27.
La funeraria tampoco aparece por primera vez en la historia del caso. Claudia Sheinbaum recordó que el establecimiento ya había sido mencionado durante las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aunque posteriormente esa línea dejó de ser considerada dentro de las investigaciones.
A la par de esta nueva revisión de comunicaciones, las autoridades están retomando otra parte de la investigación relacionada con las llamadas barandillas de Iguala, donde funcionaba un juzgado municipal.
Durante años existió una disputa sobre si los estudiantes habían sido llevados o no a ese lugar. Ahora, según la información presentada por las autoridades, un teléfono localizado en el juzgado constituye uno de los elementos que apuntan a que los normalistas sí estuvieron en las instalaciones. La Fiscalía también ha incorporado otros elementos, entre ellos testimonios de personas involucradas en los hechos.
Esta nueva línea también está relacionada con la búsqueda de José Ulises Bernabé, quien era juez de las barandillas de Iguala durante aquella noche. Las autoridades han solicitado su extradición mientras investigan lo ocurrido en ese lugar.
El análisis de las llamadas también forma parte de una revisión más amplia de la actuación de distintas personas e instituciones durante la investigación del caso. En esta etapa, las autoridades han señalado que existen personas detenidas por posibles irregularidades en el proceso de procuración de justicia y han retomado investigaciones sobre decisiones y actuaciones ocurridas después de la desaparición de los estudiantes.
Entre los casos mencionados por la presidenta se encuentra el del exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam, cuya detención estuvo relacionada con la construcción de la llamada “Verdad Histórica”, así como investigaciones contra otros funcionarios señalados por posibles irregularidades durante el proceso.
También continúa la búsqueda de Tomás Zerón, exdirector en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, quien se encuentra en Israel. El gobierno mexicano ha buscado su extradición y la presidenta Claudia Sheinbaum informó que envió una carta al presidente israelí Isaac Herzog, además de documentación relacionada con las irregularidades que las autoridades mexicanas atribuyen a su actuación durante la investigación.
En paralelo, las autoridades han señalado que continúan revisando nuevas comunicaciones y las relaciones entre personas que no habían aparecido previamente dentro de la investigación. El objetivo es reconstruir con mayor precisión qué ocurrió durante las horas posteriores a la detención de los estudiantes y qué personas tuvieron contacto entre sí.
La propia presidenta ha señalado que la investigación continuará abierta hasta conocer la verdad, hacer justicia y saber dónde están los 43 estudiantes.
Doce años después de su desaparición, las nuevas diligencias no han resuelto qué ocurrió con ellos. Pero el reanálisis de las comunicaciones de aquella noche está llevando a los investigadores hacia personas, lugares y vínculos que ahora forman parte de nuevas líneas para intentar reconstruir uno de los episodios más graves de la historia reciente de México.
