Trump podrá despedir a más de mil empleados del Departamento de Educación, decide la Corte
Esta decisión reactiva el proceso impulsado por Trump para reducir drásticamente la estructura del Departamento, una de sus promesas de campaña más radicales.
La Corte Suprema de Estados Unidos avaló este lunes uno de los planes más controvertidos del expresidente Donald Trump: el desmantelamiento del Departamento de Educación y el despido de casi mil 400 empleados federales.
Con una votación dividida, en la que los tres jueces liberales se opusieron, el máximo tribunal suspendió una orden previa de un juez federal en Boston que había frenado los recortes de personal. Esta decisión reactiva el proceso impulsado por Trump para reducir drásticamente la estructura del Departamento, una de sus promesas de campaña más radicales.
Aunque el fallo no incluyó una explicación formal —algo común en decisiones de emergencia— la jueza Sonia Sotomayor expresó una dura crítica en su disenso. Señaló que el Ejecutivo no debería tener vía libre para implementar medidas que, desde su perspectiva, violan la ley: "El poder judicial tiene la responsabilidad de frenar la ilegalidad, no de facilitarla", escribió en nombre propio y de las juezas Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan.
Por su parte, la secretaria de Educación, Linda McMahon, celebró la decisión, subrayando que la autoridad sobre la estructura del gobierno federal reside en la presidencia: “Es lamentable que se necesitara la intervención de la Corte, pero el fallo reafirma que el presidente tiene la última palabra sobre el funcionamiento de las agencias”.
Esta no es la primera vez que la Corte Suprema falla a favor de Trump en sus intentos de reestructurar el aparato gubernamental. Recientemente, también le permitió avanzar con reducciones en programas educativos, incluyendo subsidios para formación docente.
En paralelo, una coalición de más de 20 estados presentó una demanda contra el gobierno federal, argumentando que la congelación de fondos para programas escolares extracurriculares afecta gravemente a comunidades vulnerables. Además, hay dos demandas en curso que cuestionan directamente la legalidad del plan de Trump, acusándolo de intentar cerrar el Departamento de Educación sin autorización del Congreso.
Los empleados afectados, aunque se encontraban en licencia con sueldo desde marzo, ya habían sido advertidos sobre la posibilidad de despido. El sindicato AFGE denunció que, sin una orden judicial que los protegiera, podrían haber sido removidos de forma definitiva desde junio.
A pesar de los recursos legales y las críticas, la maquinaria de la reforma trumpista sigue su curso, respaldada por un tribunal que, en esta ocasión, optó por no frenar su avance.
