Argentina reduce el alcance de la protección de glaciares en medio de advertencias ambientales

El Congreso de Argentina aprobó una reforma a la Ley de Glaciares que reconfigura de manera profunda el esquema de protección de las reservas de agua en zonas de alta montaña, un cambio que ya genera tensiones entre el impulso económico y las advertencias ambientales.

La modificación introduce un giro central en la forma en que se define qué glaciares quedan bajo resguardo. A partir de ahora, la protección no será automática para todos los cuerpos de hielo y ambientes periglaciares, sino que dependerá de que se demuestre su función hídrica considerada estratégica. Con ello, la decisión deja de ser uniforme a nivel nacional y pasa a incorporar un criterio técnico que podrá ser interpretado por cada provincia.

El nuevo esquema también traslada parte de la responsabilidad a los gobiernos provinciales, que deberán determinar qué zonas cumplen con las condiciones para ser protegidas. Este punto ha sido uno de los más debatidos, ya que introduce una descentralización en la gestión de un recurso que atraviesa límites territoriales y ecológicos.

Desde el oficialismo, el presidente Javier Milei defendió la reforma al señalar que se trata de una medida para reorganizar competencias y dinamizar el aprovechamiento de recursos. Sostuvo que el cambio “empodera a las provincias para utilizar sus recursos” y permite desarrollar actividades en áreas donde, según su postura, no existían elementos de protección relevantes.

El avance legislativo no fue inmediato. El Senado había aprobado el proyecto en febrero de 2026 y la decisión final de la Cámara de Diputados cerró el proceso legislativo.

Las críticas no tardaron en aparecer desde sectores de la oposición. La diputada Natalia de la Sota advirtió sobre el impacto que la reforma podría tener en la disponibilidad de agua en el país. En su intervención señaló “sin agua, ni siquiera podemos pensar en un proyecto de crecimiento y desarrollo”.

Del otro lado del debate, la diputada Nancy Picón Martínez defendió la iniciativa y cuestionó la forma en que se ha presentado la actividad minera en el debate público. Afirmó que la industria ha sido tratada “como si fuera un monstruo” y sostuvo que la normativa mantiene mecanismos de protección para los glaciares, pese a la flexibilización en su aplicación.

El alcance del cambio cobra relevancia por la magnitud del sistema glaciar argentino. El Inventario Nacional registra 16,968 glaciares distribuidos en 36 cuencas hidrográficas de 12 provincias, regiones donde viven alrededor de siete millones de personas. Estos sistemas cumplen una función clave en la regulación del agua, especialmente en zonas áridas y semiáridas donde el deshielo actúa como reserva natural durante los periodos de sequía.

El retroceso de los glaciares es otro factor que intensifica la discusión. En la última década, diversos estudios han documentado pérdidas de entre 17% y 23% de su volumen, una disminución que afecta directamente su capacidad de sostener el ciclo hídrico en el tiempo.

Organizaciones ambientales han advertido que la reforma podría abrir la puerta a mayores intervenciones industriales en zonas de alta sensibilidad ecológica, particularmente vinculadas a la minería de litio, cobre y oro. Entre los riesgos señalados se encuentran la contaminación de fuentes de agua, la alteración de suelos y la fragmentación de ecosistemas.

La organización Greenpeace expresó su preocupación a través de la bióloga Agostina Rossi Serra, quien subrayó la función esencial de estos ecosistemas. Explicó que “la función principal de todos los glaciares y de todo el entorno periglaciar es actuar como reservorio de agua dulce”.

Añadió que estos sistemas no solo almacenan agua, sino que también contribuyen al abastecimiento progresivo de ríos y arroyos mediante el deshielo, un proceso que resulta vital para regiones con escasa disponibilidad hídrica. También advirtió que gran parte del territorio afectado por la reforma corresponde a zonas áridas donde el agua ya es un recurso limitado.

Los gobiernos provinciales de Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan han respaldado la reforma, argumentando que la normativa anterior limitaba el desarrollo económico y la atracción de inversiones. En su visión, el nuevo marco permite compatibilizar crecimiento y sostenibilidad bajo criterios más flexibles.

La discusión deja abierto un escenario complejo. La protección de los glaciares ya no depende de un estándar único nacional, sino de evaluaciones locales y técnicas que deberán definir qué se considera estratégico y qué no. En un contexto de cambio climático y creciente presión sobre los recursos hídricos, el alcance de estas decisiones tendrá efectos que van mucho más allá del plano legislativo.