EE.UU. autoriza a Venezuela pagar defensa de Maduro en juicio federal
Tribunal en Nueva York analiza implicaciones constitucionales en medio de tensiones entre sanciones y derecho a la defensa
Nueva York, EE.UU.- El gobierno de Estados Unidos autorizó una modificación en el esquema de sanciones contra Venezuela para permitir que el Estado venezolano cubra los honorarios legales de la defensa del expresidente Nicolás Maduro, actualmente procesado por cargos de narcotráfico en territorio estadounidense.
La decisión, reflejada en documentos judiciales presentados este viernes, responde a cuestionamientos legales sobre la imposibilidad de que el acusado accediera a su representación jurídica de elección debido a las restricciones financieras impuestas por Washington. Hasta ahora, dichas sanciones impedían cualquier transferencia de recursos provenientes del gobierno venezolano hacia servicios legales en Estados Unidos.
Maduro, de 63 años, junto con su esposa Cilia Flores, fue detenido el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y trasladado a Nueva York. Ambos enfrentan acusaciones relacionadas con conspiración para el narcoterrorismo y permanecen recluidos en Brooklyn en espera de juicio, tras declararse inocentes.
Durante una audiencia celebrada el 26 de marzo, el juez federal Alvin Hellerstein expresó dudas sobre la legalidad de bloquear el financiamiento de la defensa. “El acusado está aquí, Flores está aquí. No representan ninguna amenaza adicional para la seguridad nacional”, sostuvo. Añadió que “el derecho que está en juego, por encima de otros derechos, es el derecho a la asistencia letrada constitucional”.
La defensa de Maduro argumentó que la restricción violaba garantías fundamentales establecidas en la Constitución de Estados Unidos, particularmente el derecho de todo acusado a contar con el abogado de su elección. Según sus representantes, ni él ni su esposa cuentan con recursos propios suficientes, mientras que el gobierno venezolano sí ha manifestado disposición para asumir esos costos.
Por su parte, la fiscalía defendió inicialmente las limitaciones financieras como parte de una estrategia alineada con intereses de seguridad nacional y política exterior. El fiscal Kyle Wirshba señaló que el poder judicial no tiene facultades para intervenir en decisiones del Departamento del Tesoro relacionadas con sanciones internacionales.
Sin embargo, el contexto político ha evolucionado. Hellerstein destacó que Washington ha mostrado cierta apertura en su postura hacia Venezuela tras cambios recientes en su conducción política, lo que también se refleja en esta flexibilización puntual.
La relación entre ambos países ha estado marcada por años de tensiones, especialmente durante la administración de Donald Trump, que endureció sanciones contra el gobierno venezolano tras acusaciones de corrupción y cuestionamientos al proceso electoral de 2018.
Maduro, por su parte, ha rechazado los señalamientos en su contra y ha calificado las acciones legales como parte de una estrategia para intervenir en los recursos petroleros de Venezuela.
Con este ajuste en las sanciones, el caso entra en una nueva etapa donde el equilibrio entre política exterior y derechos constitucionales será clave en el desarrollo del proceso judicial.
