Partidos políticos enfrentan multas por más de 31 millones tras auditorías del INE
De última hora, varios partidos presentaron documentos para corregir sus reportes, lo que provocó ajustes a la baja en sus sanciones.
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones por más de 31.9 millones de pesos contra diversas fuerzas políticas nacionales, luego de detectar fallas e inconsistencias en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La cifra se redujo considerablemente respecto a la propuesta inicial, que ascendía a más de 65 millones de pesos, debido a correcciones entregadas por los propios partidos justo antes de la votación en el Consejo General.
Las multas derivan de auditorías extraordinarias ordenadas a principios de año, con el objetivo de revisar si los reportes de pagos al fisco coincidían con la información que tenían en su poder instancias como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el IMSS, el Infonavit y las secretarías de finanzas estatales.
De última hora, varios partidos presentaron documentos para corregir sus reportes, lo que provocó ajustes a la baja en sus sanciones. Destacaron dos casos en particular: uno logró reducir más de 27 millones de pesos y otro poco más de 7 millones.
La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, lamentó esta práctica de entregar documentación de forma extemporánea, ya que obliga a una revisión acelerada y complica el trabajo técnico del instituto. A pesar de ello, señaló que se privilegió la rendición de cuentas y se aplicaron los criterios normativos para sancionar a quienes no cumplieron con sus obligaciones fiscales.
La reducción final aprobada por el Consejo fue de más de 33 millones de pesos, aunque hay discrepancias en los números proporcionados, ya que los datos internos indican ajustes por encima de los 35 millones.
De todos los partidos evaluados, solo uno logró salir bien librado al no presentar ninguna irregularidad. El resto podría impugnar la decisión ante el Tribunal Electoral.
El INE también instruyó a los organismos locales a proceder con los cobros correspondientes para garantizar que los recursos públicos se manejen con responsabilidad y conforme a la ley.
