Mucho ha dado de qué hablar la polémica por el supuesto regreso de las corridas de toros en Tijuana. La situación dejó de ser un simple debate entre los aficionados y los defensores de los animales.
La situación, en cuestión de días, se convirtió en un conflicto político, jurídico y administrativo que puso al gobierno de Tijuana como protagonista.
La señal más clara la dió el alcalde de Tijuana, Abdiel Gutierrez Coronado, que con un contundente posicionamiento público, sostuvo que su administración privilegia el respeto, la protección y el bienestar de los seres sintientes.
La visión del alcalde de centra en que una sociedad más humana se construye con acciones que fomenten el trato digno hacia los animales.
El mensaje fue marcó una frontera muy clara. Gutiérrez Coronado afirmó que el gobierno municipal está en contra y no permitirá actos o eventos que impliquen violencia, maltrato o tortura contra un ser sintiente.
Al mismo tiempo, el alcalde dejó claro que cualquier actuación deberá realizarse con estricto apego al marco legal, un tema indispensable en medio de un litigio que continúa desarrollándose en los tribunales.
Mientras el alcalde fijaba esa postura institucional rápida y definida, Abogados Animalistas hablaron del permiso que presuntamente había otorgado el ex secretario de Gobierno Municipal, Arnulfo Guerrero León, para una corrida el domingo 5 de julio.
La respuesta de Arnulfo Guerrero fue inmediata y categórica, negando haber firmado la autorización y rechazó cualquier participación en la expedición del documento. Incluso, analistas confirmaron la falsedad de la firma, dando legitimidad a las declaraciones del ex secretario.
Hoy, el toro político ya no embiste únicamente a la fiesta brava, sino que también pone a prueba la capacidad de las instituciones para responder a la sociedad, y en esta primera salida, Abdiel Gutierrez toreó el problema fijando su postura con claridad, lo que pone orden al debate público.
