El caso de la mujer transgénero presuntamente intervenida por la Patrulla Espiritual de Tijuana abrió una discusión necesaria, que también incomodará a más de uno. ¿Dónde estaban muchos de los hoy indignados cuando esa misma persona vivía en situación de calle y estaba expuesta al abandono, al consumo de drogas y a la violencia?
La pregunta, por compleja que resulta, no descalifica el apoyo recibido por la Patrulla Espiritual sino que, al contrario, toda persona merece atención para defender sus derechos y su integridad cuando está en situación de calle.
Sin embargo, sí estamos obligados a observar con cuidado el contexto político de las manifestaciones. La polémica estalla justo cuando existe un convenio entre el gobierno de Ismael Burgueño Ruiz y la Patrulla Espiritual para atender a las personas con adicciones.
En ese caso, el caso puede usarse como un instrumento de golpeteo contra el alcalde, más allá de lo que debe ser, es decir, una reflexión profunda sobre el abandono que sufren las personas que viven en las calles, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género.
Debemos tener claro que el problema de fondo no empezó con un video ni con una denuncia. Empezó mucho antes, cuando la ciudad normalizó ver personas con adicciones y personas sin hogar como parte del paisaje urbano. Esa cruda indiferencia es la que la Patrulla Espiritual ha combatido en los últimos meses.
Lo urgente, además de señalar errores, es construir y respetar protocolos claros de atención a través de la capacitación. Toda persona que intervenga con población en situación de calle debe estar preparada en materia de derechos humanos, salud mental, adicciones, diversidad sexual, identidad de género y consentimiento informado.
La ayuda no puede justificar humillaciones. La rehabilitación no puede imponerse como castigo, pero también la defensa de los derechos de las personas no debería aparecer sólo cuando sirve para pegarle políticamente a alguien, sino demostrar una verdadera congruencia. Ésa es el tema de fondo.
