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Perú ordena captura de Betssy Chávez pese a su asilo en la embajada de México

La orden fue emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien el 18 de noviembre dispuso su ubicación y arresto y remitió la resolución a la Policía Nacional y a Interpol

La situación legal de Betssy Chávez volvió a encender las tensiones entre Perú y México. Este viernes, el Poder Judicial peruano autorizó su búsqueda y captura —dentro y fuera del país— pese a que la ex primera ministra permanece asilada en la residencia oficial de la embajada mexicana en Lima.

La orden fue emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien el 18 de noviembre dispuso su ubicación y arresto y remitió la resolución a la Policía Nacional y a Interpol. El magistrado consideró que el riesgo de fuga de Chávez es “palpable”, argumentando su repetida ausencia tanto al control del registro biométrico como a las audiencias judiciales.

Chávez, última jefa del gabinete del destituido expresidente Pedro Castillo, enfrenta un proceso por su presunta participación en el intento de cerrar el Congreso en diciembre de 2022. La Fiscalía la acusa de conspiración y rebelión, delitos por los que ha solicitado una pena de 25 años de prisión. Ella ha rechazado tener conocimiento previo del plan de Castillo.

Además de ordenar su captura, Checkley revocó las medidas restrictivas que la obligaban a presentarse cada siete días, al considerar un “evidente incumplimiento” de esa obligación, y dispuso que permanezca cinco meses en prisión preventiva mientras avanza el juicio.

La ex primera ministra ya había pasado por prisión provisional: en junio de 2023 fue detenida y permaneció en ese régimen hasta septiembre de este año, cuando un juez ordenó su liberación para que continuara su defensa en libertad. Semanas después, México le concedió asilo y la acogió en la residencia del embajador, desatando una crisis diplomática.

La cancillería peruana evalúa, antes de otorgar un salvoconducto que permita a Chávez viajar a México, consultar a la Organización de Estados Americanos. El Gobierno interino que encabeza José Jerí ha acusado a México de distorsionar el uso del asilo diplomático y, en respuesta, decidió romper definitivamente las relaciones bilaterales.

En medio del conflicto, el primer ministro peruano, Ernesto Álvarez, descartó de manera tajante una irrupción policial en la sede diplomática mexicana. Dijo que esa posibilidad es una “hipótesis negada” y subrayó que “Perú es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia contra ningún país vecino, ni país hermano”.

Álvarez también afirmó que el país “denunciará a México oportunamente en sedes internacionales” por una presunta injerencia atribuida a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Mientras tanto, el destino de Betssy Chávez depende ahora del salvoconducto que Lima aún se resiste a conceder y de cómo la OEA responda a las consultas del Gobierno peruano sobre la aplicación de la Convención de Caracas.