Cae propietario de Next Energy; tenía negocios turbios en BC, Aguascalientes, NL y Chihuahua
MÉXICO.- La detención del empresario Javier Maiz Domene, propietario de la empresa Next Energy, en el estado de Aguascalientes, volvió a colocar bajo el reflector una serie de contratos públicos cuestionados en distintas entidades del país. El empresario enfrenta un proceso penal por fraude, además de nuevos cargos por amenazas y cohecho, luego de presuntamente intentar sobornar a policías estatales durante su traslado a un centro penitenciario.
El origen del caso en Aguascalientes se remonta a 2019, cuando el ayuntamiento adjudicó a Next Energy un contrato para desarrollar infraestructura fotovoltaica por más de 7 mil 800 millones de pesos, a pagarse durante 30 años. Posteriormente, el acuerdo fue modificado y el monto se elevó a más de 20 mil millones de pesos, pese a que la empresa no entregó el servicio pactado, situación que derivó en una denuncia formal presentada desde 2022.
Tras su detención, Maiz Domene fue hospitalizado por presuntos problemas de salud y, durante su traslado al penal, habría ofrecido hasta 500 mil pesos a cada uno de los agentes que lo custodiaban para dejarlo en libertad, además de amenazarlos. Estos hechos dieron pie a una nueva carpeta de investigación por cohecho y amenazas, sumándose al proceso principal por fraude.
El caso de Next Energy no se limita a Aguascalientes. En Baja California, el contrato para la construcción de una planta fotovoltaica firmado durante la administración de Jaime Bonilla fue cancelado por el actual gobierno estatal, encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, al detectarse irregularidades graves y la ausencia de permisos. Como resultado, se logró recuperar 123 millones de pesos retenidos, más rendimientos, alcanzando una devolución total de 172 millones de pesos al erario.
Además, en Baja California ya hay otros implicados vinculados a proceso, entre ellos un ex directivo bancario, mientras que el exgobernador Bonilla enfrenta imputaciones pendientes. Con la detención de Maiz Domene y los procesos abiertos en varias entidades, el caso Next Energy entra en una etapa clave que podría marcar un precedente en el combate a contratos lesivos y en la rendición de cuentas por el uso de recursos públicos.
