Hay que reconocer que la extersión en México con frecuencia no es sólo es un delito, sino una práctica criminal que en muchos de los casos tiene "la venia" del gobierno. En donde un comerciante paga cuota, en donde una familia cierra su negocio por miedo, en donde un transportista trabaja bajo amenaza, quiere decir que algo en el sistema está fallando.
Por eso, la cruzada encabezada por Omar García Harfuch contra la extorsión tiene un valor político que comienza a cambiar las reglas del juego político.
El caso más reciente es Morelos, particularmente Cuautla. El mensaje que ofreció el secretario este miércoles no se limitó a anunciar detenciones, sino que dibujó una red donde aparecen presuntos criminales, funcionarios municipales, empresarios, actores políticos y posibles estructuras de protección institucional.
Combatir extorsión no es tocar al extorsionador que amenaza, sino también al político que protege, el mensaje de Omar García Harfuch no es menos que contundente.
La operación también exhibe una estrategia más amplia, incluyendo denuncias ciudadanas, inteligencia, cateos, órdenes de aprehensión y bloqueo financiero. El Gabinete de Seguridad sabe que lo que toca no es sólo detener personas, sino desmontar la ruta del dinero, con sus vínculos administrativos y sus complicidades gubernamentales.
García Harfuch entiende que la extorsión destruye algo más que bolsillos, sino que rompe la comunidad y paraliza la economía. El logro del secretario es que el operativo avanzó con legalidad, profundidad y continuidad, lo que, de seguir dando resultado, puede convertirse en uno de los mayores golpes del sexenio al crimen organizado.
