No son pocas las voces que afirman, algunas con sustento, que la acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se originó en el conflicto entre el gobierno federal y otra gobernadora, la de Chihuahua, Maru Eugenia Campos Galván.
La explicación tiene sentido. Primero porque junto al procedimiento iniciado por la Fiscalía de Nueva York no tiene pruebas y, segundo, porque así lo explica la cronología de los hechos.
Sin preguntar a nadie y sin notificar a quien legalmente estaba obligado a informar, el gobierno chihuahuense realizó una operación en conjunto con el Ejército Mexicano para desmantelar un laboratorio. Hasta ahí todo normal, pero lo que encendió la mecha fue la presencia de agentes de la CIA en el operativo.
Los agentes murieron en un accidente automovilístico después de la acción, y eso generó una natural molestia en los gobiernos federales de ambos países. Campos Galván estaba citada a comparecer para responder a las naturales dudas de los senadores respecto a lo sucedido, pero omitió su responsabilidad.
Las autoridades de Estados Unidos, a sabiendas de procedimiento que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo iniciaría contra la gobernadora de Chihuahua, activó el procedimiento legal contra Rubén Rocha Moya.
Lo que ha trascendido es que la chihuahuense pactó con el gobierno de Estados Unidos, por lo que desde Nueva York se tomó la decisión de iniciar una acusación sin pruebas contra funcionarios de Sinaloa empezando por el gobernador, que, casualmente, es morenista.
Con toda claridad es posible observar, sin mucha agudeza, la operación de Estados Unidos para afectar sin pruebas la estabilidad política de México. La complicidad entre agencias como la DEA, la CIA y Maru Campos es algo que debe seguir siendo investigado.
Nadie olvida que introdujo al país a agentes estadounidenses violando la soberanía y eso, más que el ruido mediático que suena en Sinaloa, es un delito por el que la panista deberá responder.
