Más de 100 plazas en Tijuana se niegan a dar estacionamiento gratuito
Entre 100 y 150 plazas comerciales podrían interponer amparos contra la reforma. Argumentan que esta medida afecta sus ingresos y los obliga a replantear su modelo de negocio.
Por Redacción | Publicado el martes, 22 de abril de 2025
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TIJUANA.- El pasado 31 de marzo, el Congreso de Baja California aprobó una reforma al Artículo 22 de la Ley de Edificaciones del Estado, impulsada por el diputado de Morena, Eligio Valencia López. Esta nueva norma establece que los primeros 40 minutos de estacionamiento en plazas comerciales deberán ser gratuitos. El legislador presentó esta propuesta con el objetivo de apoyar a los ciudadanos que, día con día, hacen un esfuerzo por sostener la economía local y que no deberían pagar por estacionarse mientras realizan compras básicas o trámites breves.
La reforma fue aprobada por unanimidad: 24 votos a favor, sin oposición ni abstenciones. Según sus impulsores, esta medida representa un acto mínimo de justicia para los consumidores, ya que muchos de ellos tienen que hacer rendir cada peso de su salario. Además, señalaron que en otras partes del país y del mundo, este tipo de beneficios ya son una realidad sin que eso haya afectado el desarrollo de los centros comerciales. Con esta decisión, los legisladores buscan colocar siempre al pueblo por encima de los intereses económicos.
Sin embargo, no todos están de acuerdo. Mientras algunos aplauden la reforma, otros consideran que puede tener consecuencias negativas. Algunos expertos señalan que los centros comerciales podrían trasladar este costo a los consumidores que se queden más tiempo, subiendo las tarifas después del minuto 40. También se ha advertido que podría reducir los recursos que se usan para seguridad, mantenimiento o infraestructura dentro de las plazas.
Por parte del sector empresarial, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana ya anunció que entre 100 y 150 plazas comerciales planean presentar amparos contra la reforma. Gabriel Mendívil, representante del grupo especializado de centros comerciales, aseguró que hasta un 45% de los ingresos podrían verse afectados. Señaló que muchas plazas utilizan ese dinero para pagar seguridad, servicios y mantenimiento, por lo que, según su visión, esta medida interfiere directamente con su modelo de negocio. Algunos incluso argumentan que se trata de una violación a su libertad comercial.
Pero hay que decirlo con claridad: los empresarios que se oponen a esta reforma no lo hacen por el bien del consumidor, sino por proteger sus propias ganancias. En lugar de apoyar una medida que beneficia directamente a miles de personas, eligen defender el cobro de un servicio que debería ser gratuito según "el modelo de negocio", pues una plaza comercial tiene el propósito de que las personas asistan a comprar. Lo que está en juego no es solo el estacionamiento, sino el derecho de la ciudadanía a no ser explotada por prácticas injustas disfrazadas de necesidad empresarial.
