FGR despliega operativo en BC por elección de 172 jueces y magistrados
Con el despliegue de personal federal y la activación de una mesa de seguridad permanente, Baja California se alista para garantizar una jornada electoral ordenada, legal y transparente este 1 de junio
La Fiscalía General de la República (FGR) inició el despliegue de personal ministerial en todo el país con motivo de la elección judicial del próximo 1 de junio, un proceso inédito en el que se renovarán 881 cargos del Poder Judicial, incluidos jueces, magistrados y ministros. En Baja California, la jornada será especialmente relevante, pues se elegirán 172 cargos para renovar completamente el Poder Judicial del Estado.
La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) estará operando del 26 de mayo al 2 de junio con agentes del Ministerio Público Federal, cuyo objetivo será prevenir, detectar y atender delitos electorales como la compra o coacción del voto, uso indebido de recursos públicos o programas sociales, y retención de credenciales. En Baja California, estas tareas se reforzarán a través de la Zona Noroeste del modelo de vigilancia por zonas establecido por la FGR.
Además del despliegue federal, autoridades locales han activado una mesa de seguridad permanente durante la jornada electoral. Luis Alberto Hernández Morales, presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), informó que el operativo contará con centros de control a nivel estatal y municipal, con vigilancia constante hasta concluir los cómputos distritales. Se buscará garantizar el desarrollo pacífico y legal del proceso, así como la custodia del material electoral.
El operativo también contará con la colaboración del INE, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, y la Secretaría de Gobernación, quienes junto con las fiscalías locales reforzarán las labores de vigilancia. Esta coordinación interinstitucional tiene como fin principal proteger el voto ciudadano, garantizar transparencia y prevenir cualquier tipo de delito que atente contra la integridad del proceso electoral judicial.