Leyzaola lanza reestructuración policial en Mexicali ante escándalos internos y falta de respaldo político
En medio de divisiones políticas, casos de corrupción y cuestionamientos sobre su legitimidad, el director de la DSPM, Julián Leyzaola, presentó su plan de reestructuración policial
MEXICALI.– La presentación del Plan de Sectorización Policial en el Distrito Poniente marca un parteaguas en la estrategia de seguridad municipal, pero también expone con claridad los retos que enfrenta la gestión del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez al frente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).
Aunque el modelo presentado este martes contempla una nueva organización territorial —con seis distritos operativos, 52 cuadrantes en el poniente, 59 patrullas, 287 agentes asignados y drones de vigilancia en tiempo real— la implementación de esta estrategia ocurre en medio de críticas políticas, sospechas internas y carencias presupuestales.
Desde su nombramiento en marzo pasado, Leyzaola no ha dejado de generar polémica. Apoyado abiertamente por el Gobierno del Estado, pero con resistencias dentro del Cabildo, su designación se aprobó apenas con 10 votos de 16 posibles, con el respaldo de las bancadas de Morena y el PVEM, y el rechazo directo de regidores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PT. Para la oposición, su llegada fue más una "imposición" desde el Ejecutivo estatal que una decisión del gobierno municipal.
“La gobernadora lo impuso. No hubo transparencia, no hubo consenso y ahora lo lanzan sin presupuesto”, denunció el regidor panista Manuel Rude García Fonseca, quien calificó el plan como “saboteado desde su nacimiento”.
La alcaldesa Norma Bustamante, aunque ha intentado mantener una postura institucional, se ha limitado a acompañar el lanzamiento del plan sin ofrecer garantías claras sobre recursos adicionales o respaldo legislativo. A pesar de ello, defendió públicamente la reestructuración policial y sostuvo que “el proceso ha sido transparente y necesario ante las condiciones actuales de inseguridad”.
En paralelo, Leyzaola enfrenta una DSPM marcada por escándalos y viejas prácticas. A principios de mayo, el entonces subdirector de Tránsito, Vicente Robles Valenzuela, fue separado de su cargo junto a todo su equipo por denuncias internas de cobros indebidos a elementos de la corporación. Según declaraciones del propio titular de la DSPM, Robles habría solicitado hasta 3 mil pesos por patrulla o por zona asignada, disfrazando las cuotas como “aportaciones voluntarias”. Regidores opositores han señalado al Teniente Coronel como parte del sistema que permitió estas irregularidades, al considerar que no actuó con suficiente contundencia. Actualmente, la Sindicatura Municipal mantiene abierta una investigación interna contra Robles y al menos seis elementos más, y el caso podría escalar si se confirma responsabilidad penal.
Otro de los desafíos que enfrenta la nueva dirección de seguridad en Mexicali es el creciente clima de intimidación hacia empresarios locales, particularmente en el sector de bares, eventos masivos y centros de espectáculos. Aunque las denuncias formales son prácticamente inexistentes, promotores y propietarios han señalado de forma reiterada la presencia de extorsiones y cobros de piso por parte de grupos delictivos. En este sentido, el director de Seguridad municipal declaró que “no tiene certeza de que haya cobro de piso en Mexicali”, afirmando no haberlo detectado directamente. Por su parte, sectores empresariales señalan que se niegan a presentar denuncias formales por temor a represalias.
Mientras tanto, una de las apuestas más fuertes del nuevo mando será la creación de una academia municipal de policía en el predio de Misión San Carlos, que recientemente fue recuperado por el Ayuntamiento. Este espacio, que antes albergaba un centro de rehabilitación estatal, será transformado en un centro de capacitación, con campo de tiro y formación táctica. Leyzaola estará a cargo del proyecto, lo que lo coloca también como responsable directo de corregir las deficiencias estructurales en el perfil de ingreso y profesionalización de los nuevos agentes.
La carga no es menor. Mientras sectores sociales, empresariales y políticos exigen resultados inmediatos, el director de la DSPM enfrenta una institución que arrastra prácticas arraigadas, bajos niveles de confianza pública y un cuerpo policial parcialmente desarticulado. Todo ello, en medio de una guerra política silenciosa por parte de un estructura municipal que vio "amenazado" su proyecto municipal, pese a las carencias que mostraba.
Aún es temprano para evaluar el impacto real del plan, pero el panorama está trazado: una corporación golpeada, un liderazgo bajo presión, y una ciudad que exige resultados. El éxito del modelo dependerá no solo de la capacidad operativa del nuevo mando, sino también de su resistencia política ante un entorno complejo, fragmentado y lleno de expectativas.
