Sindicatura investiga hasta 10 casos de irregularidades en la pasada administración
Se mantienen abiertos hasta 10 procesos administrativos relacionados con obras y contratos como luminarias y software
TIJUANA.- La síndica procuradora de Tijuana, Teresita Balderas, informó en atención a medios que recientemente fueron notificados tres exfuncionarios de la pasada administración con sanciones de inhabilitación, derivadas del caso del malecón de Playas. Explicó que dos de ellos recibieron la sanción máxima administrativa —un año sin poder ejercer cargos públicos— aunque advirtió que este no es el único proceso que enfrentan, ya que existen carpetas abiertas que podrían prolongar las sanciones o derivar en responsabilidades de carácter penal.
Balderas recordó que la administración anterior recibió en septiembre de 2024 una multa de la Profepa por no contar con la manifestación de impacto ambiental para las obras en el malecón, así como otra sanción en enero de 2025 por no cumplir con la rehabilitación prometida. Peritajes posteriores confirmaron que no se trataba de una obra de rehabilitación, sino de construcción sin permisos, lo que resultó en dos multas que ascienden a casi 300 mil pesos. La síndica precisó que estos pagos fueron turnados a Tesorería, pero también subrayó que la falta de permisos y la simulación en la obra son hechos graves que ya fueron notificados al Ministerio Público.
La funcionaria señaló que el costo total de la obra del malecón asciende a 200 millones de pesos, una inversión que, dijo, no se tradujo en un verdadero proyecto turístico sino únicamente en trabajos de mitigación de riesgo. “La ciudadanía ve un andador de tierra, pero eso no es un malecón; fue una obra sin permisos, irregular desde el inicio”, declaró. Actualmente, la sindicatura mantiene auditorías abiertas contra tres empresas vinculadas a esos trabajos para determinar si incurrieron en responsabilidades y qué tipo de acciones se deberán tomar para resarcir el daño patrimonial.
Además del malecón, Balderas indicó que la sindicatura tiene abiertos al menos diez procedimientos administrativos contra exfuncionarios de primer nivel de la administración pasada, relacionados con casos como el software REGER —adquirido por más de 90 millones de pesos pese a costar entre 3 y 5 millones en otros municipios—, la rampa de frenado en el Libramiento Rosas Magallón, el Cerro de las Abejas y contratos de luminarias. En todos estos casos, dijo, se han detectado irregularidades en adjudicaciones, sobreprecios y falta de soporte técnico.
La síndica advirtió que si bien las sanciones administrativas suelen percibirse como mínimas ante hechos graves, estos procesos se complementan con las denuncias penales y las auditorías financieras que ya están en curso. “Mi obligación es no ser omisa; de lo contrario sería corresponsable. Lo que hoy estamos haciendo es iniciar procedimientos que nunca se abrieron en la pasada sindicatura, pese a que existían denuncias y evidencias públicas”, puntualizó Balderas.
