Proponen reforma en BC para garantizar pensión alimenticia integral
La iniciativa de la diputada Araceli Geraldo Núñez busca ampliar el concepto de alimentos para asegurar salud, educación y desarrollo digno a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores
MEXICALI.- La diputada Araceli Geraldo Núñez presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al artículo 305 del Código Civil de Baja California, cuyo propósito es ampliar el concepto de alimentos dentro de la pensión alimenticia para garantizar una protección integral a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.
Actualmente, la legislación limita los alimentos a rubros básicos como comida, vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad. Según la legisladora, esa definición restrictiva ha generado criterios judiciales insuficientes al momento de aplicarse en los tribunales. Por ello, la propuesta incorpora de manera explícita elementos como salud preventiva, atención médica integral, educación en todos los niveles y sano esparcimiento, con el fin de garantizar un desarrollo digno.
Geraldo Núñez resaltó que su planteamiento se sustenta en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece que el derecho a recibir alimentos implica asegurar el desarrollo integral de las personas, no solo la satisfacción de necesidades mínimas. En ese sentido, se busca armonizar el marco normativo estatal con los estándares más altos de derechos humanos.
La reforma también incluye la obligación de cubrir gastos médicos y de salud preventiva, tratamientos especializados, terapias, medicamentos y procesos de rehabilitación, ante las limitaciones que enfrentan muchos beneficiarios en instituciones públicas de salud. Esto, señaló la diputada, responde no solo a un mandato legal, sino a una necesidad urgente de justicia social.
Finalmente, la legisladora subrayó que garantizar una pensión alimenticia integral significa apostar por el bienestar de los sectores más vulnerables de la sociedad: la niñez, la adolescencia y las personas adultas mayores. La propuesta, dijo, se enmarca en el principio constitucional del interés superior de la niñez y en la responsabilidad compartida entre progenitores, sociedad y Estado para construir un futuro más justo y equitativo en Baja California.
