Comparece Secretaría Anticorrupción: 800 millones recuperados y más de una docena de procesos activos
La titular de la dependencia, María Gabriela Monge Pérez, detalló que durante este año fueron vinculadas a proceso tres personas
Mexicali, B.C., 21 de noviembre de 2025.– La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno presentó ante la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado un balance sobre su labor reciente, en un ejercicio marcado por cuestionamientos sobre investigaciones abiertas, rendición de cuentas y acciones de control interno. La comparecencia estuvo encabezada por la diputada Alejandra María Ang Hernández, presidenta de la comisión.
La titular de la dependencia, María Gabriela Monge Pérez, detalló que durante este año fueron vinculadas a proceso tres personas —un ex servidor público, una persona en funciones y un proveedor estatal— por daño patrimonial al ISEP. Añadió que ya se formalizaron los estatutos del Sistema Estatal de Fiscalización, lo que permitirá fortalecer su operación.
En materia municipal, la diputada Dunnia Montserrat Murillo solicitó información sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos en San Quintín. Monge Pérez informó que el Ayuntamiento firmó convenio con DeclaraNet para transparentar la evolución patrimonial de su personal, y aseguró que continuará el acompañamiento a dicha administración.
El diputado Diego Echevarría pidió claridad sobre la denuncia contra la empresa Fisamex y la situación de la deuda de los Ayuntamientos con el Issstecali. La funcionaria explicó que existen 14 procedimientos en curso relacionados con Fisamex, mientras que en el caso del instituto se encuentran en proceso de celebración varios convenios. También mencionó que ya se abrió un procedimiento por abuso de funciones ante el TEJA.
Al abordar temas de violencia y género, la diputada Michel Sánchez preguntó por denuncias de hostigamiento, acoso y abuso sexual, así como por el caso de COEPRIS y el cumplimiento de la Ley Daryela. Monge Pérez aseguró que se han brindado múltiples atenciones y que la Consejería Jurídica está por emitir el nuevo protocolo de quejas para fortalecer la actuación institucional.
La diputada Alejandrina Corral pidió una revisión puntual del contrato aprobado para cámaras de seguridad y botones de pánico, además de la denuncia por medicamento caduco en Ensenada. La secretaria afirmó que ambos casos serán revisados a profundidad.
Sobre el impacto económico de las investigaciones, la diputada Julia Andrea González y el diputado Fidel Mogollón solicitaron cifras actualizadas. Monge Pérez señaló que, de manera preliminar, el Estado ha recuperado 800 millones de pesos derivados de procedimientos y sanciones.
Durante la sesión también se cuestionó el rezago en la aprobación de las cuentas públicas de Isesalud y Cobach, señaladas por omisiones en recursos de participación federal. La secretaria informó que la Auditoría Superior de la Federación ha enviado 46 procesos por faltas no graves, y que la ASEBC mantiene investigaciones activas.
Otro tema relevante fue el caso de la transmisión en vivo desde el penal La Mesa de Tijuana, expuesto por el diputado Jaime Cantón. La funcionaria explicó que se activó el Grupo de Reacción Inmediata, se realizaron entrevistas, se integraron carpetas y se iniciaron procedimientos tanto administrativos como penales.
Finalmente, la diputada Angélica Peñaloza pidió detalles de la campaña “Denuncia de inmediato”, que opera mediante unidades móviles. La Secretaría reportó 654 atenciones, de las cuales derivaron dos denuncias penales y dos procedimientos administrativos, resaltando la participación de contralores sociales y órganos internos de control.