Once años de cárcel para Castillo y Chávez por el intento de disolver el Congreso de Perú
La sentencia marca un cierre preliminar a un capítulo que sacudió al país. Castillo, quien leyó aquel día un mensaje en televisión anunciando su decisión de “disolver temporalmente el Congreso de la República e
La justicia peruana dio este jueves un paso decisivo en el caso del fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al expresidente Pedro Castillo y a su entonces primera ministra, Betssy Chávez —quien permanece asilada en la Embajada de México en Lima—, a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. El tribunal también impuso a ambos una inhabilitación de dos años para ejercer funciones públicas y el pago solidario de 12 millones de soles en reparación civil.
La sentencia marca un cierre preliminar a un capítulo que sacudió al país. Castillo, quien leyó aquel día un mensaje en televisión anunciando su decisión de “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, fue detenido minutos después mientras, según la Sala, intentaba dirigirse hacia la Embajada de México. Su familia sí logró llegar al recinto diplomático y obtuvo asilo, mientras el entonces mandatario fue destituido por el Congreso y permaneció en prisión desde ese mismo día.
Durante el juicio, el colegiado —integrado por los jueces José Neyra, Norma Carbajal e Iván Guerrero— concluyó que Castillo y sus exministros “hicieron un acuerdo para atentar contra el orden constitucional y se organizaron para cumplir un rol a fin de materializar el contenido del mensaje a la Nación”, leído el 7 de diciembre. El tribunal consideró ese pronunciamiento como “la manifestación expresa de que Castillo Terrones se arrogó el ejercicio del poder”, configurándose así el supuesto de rebelión, aunque sin llegar a ejecutarse un alzamiento armado, lo que derivó en la calificación final de conspiración.
La Sala también absolvió al exmandatario de los cargos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, al considerar que esos hechos quedan subsumidos en la acusación principal. En la misma línea, el general PNP Manuel Lozada Morales fue eximido de responsabilidad por falta de pruebas concluyentes.
En cuanto a Betssy Chávez, el tribunal la declaró coautora de la conspiración junto a Castillo y al exasesor Aníbal Torres. La Sala sostuvo que ella dispuso el uso del vehículo oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros para trasladarse hacia la Embajada de México pese a haber renunciado, y que además “se encargó de ingresar ‘irregularmente’ a los periodistas de TV Perú con el fin de transmitir el mensaje a la Nación”. Con esta resolución, se emitió también una nueva orden de búsqueda y captura en su contra, aunque la exministra sigue protegida por el asilo diplomático mientras el gobierno interino de José Jerí mantiene pendiente el salvoconducto solicitado por México.
Willy Huerta y Aníbal Torres recibieron condenas diferenciadas. Torres fue sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión, mientras que en el caso de Huerta se dispuso la suspensión de la ejecución de la pena. Ambos podrán solicitar apelaciones que podrían detener provisionalmente la aplicación de sus sanciones.
El 7 de diciembre de 2022 quedó ampliamente documentado por agencias y medios internacionales: Castillo anunció la disolución temporal del Congreso, decretó toque de queda nacional y declaró en reorganización al Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. El Congreso respondió destituyéndolo de inmediato y juramentando a Dina Boluarte, en medio de protestas que se extendieron por meses y que fueron seguidas de cerca por la prensa global y organismos internacionales.
Aunque la Sala ya adelantó penas y fundamentos, el proceso continuará con la notificación completa de la sentencia y las eventuales apelaciones ante instancias superiores. La crisis política que detonó aquel día aún resuena en Perú, pero la resolución judicial abre una nueva etapa en la revisión de responsabilidades por uno de los episodios más tensos de la historia reciente del país.
