Congreso de BC avala predios para vivienda social y atención directa a beneficiarios
La intención es beneficiar con más espacios para hogares en el estado
MEXICALI.- La Comisión de Hacienda y Presupuesto (CHyP) del Congreso de Baja California aprobó tres dictámenes para desincorporar predios del patrimonio público del Estado y destinarlos a programas con impacto social, enfocados en vivienda y en la atención directa a personas beneficiarias de apoyos gubernamentales.
Los acuerdos contemplan que los terrenos sean asignados al Banco del Bienestar, al Infonavit y al Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI), con el objetivo de atender a población en rezago habitacional y marginada, así como facilitar el acceso a servicios financieros vinculados a programas sociales.
Uno de los dictámenes aprobados autoriza la enajenación gratuita de un predio ubicado en la colonia Chula Vista, en Playas de Rosarito, a favor del Banco del Bienestar. La medida busca ofrecer servicios bancarios directos a beneficiarios de programas sociales, lo que permitirá reducir intermediarios y avanzar hacia la eliminación del uso de efectivo en la dispersión de recursos públicos.
En un segundo resolutivo, se avaló la desincorporación de cuatro predios ubicados en Mexicali para su uso por parte del Infonavit. Estos terrenos serán empleados para ampliar la cobertura y el acceso a vivienda de personas en condición de rezago habitacional y marginación, conforme al Programa Estatal de Vivienda 2022-2027.
Asimismo, se aprobó la cesión gratuita de un lote ubicado en el fraccionamiento Granjas Los Arcos, en Tecate, a favor del INDIVI, para que realice las gestiones técnicas y jurídicas necesarias que permitan otorgar patrimonio a la ciudadanía que cumpla con los requisitos establecidos en su normatividad.
Las tres iniciativas fueron avaladas por unanimidad, con siete votos a favor en cada caso. En la sesión participaron diputadas y diputados integrantes de la comisión, así como autoridades estatales, entre ellas la presidencia del Congreso y representantes de la Auditoría Superior del Estado y de la Consejería Jurídica.
Con estas decisiones, el Congreso local orientó la desincorporación de bienes públicos hacia fines sociales: vivienda para sectores marginados y acceso directo de la población beneficiaria a los servicios bancarios vinculados a programas sociales.
