"Que renuncien", dice Cantón a funcionarios que no respeten derechos de la comunidad Trans
Un menor trans de 16 años fue rechazado para rectificar su nombre y género, pese a que la ley en Baja California lo permite desde 2024
TIJUANA.- Funcionarios públicos del Registro Civil en Tijuana negaron la rectificación de nombre y género a un adolescente trans de 16 años, pese a contar con el consentimiento de sus padres, a más de un año de que Baja California reformó su legislación para permitir este trámite. El caso fue documentado por La Voz de la Frontera, medio que dio seguimiento a la denuncia presentada por la familia ante la Fiscalía General del Estado por presunta discriminación.
El antecedente legal es claro: el 20 de junio de 2024, el Congreso de Baja California aprobó la reforma al artículo 134 del Código Civil estatal, en cumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que infancias y adolescencias trans puedan rectificar su género en el acta de nacimiento con autorización de padres o tutores. No obstante, organizaciones civiles reportan que la aplicación de la norma no ha sido homogénea y que existen rechazos administrativos.
De acuerdo con la información, la Comunidad Arcoíris de Baja California (CABC) ha identificado al menos seis casos de negativas desde 2024: tres en Tijuana, uno en Ensenada, uno en Playas de Rosarito y uno más de un menor binacional. En el caso más reciente, servidores públicos informaron a la familia que el trámite “estaba detenido” para menores, pese a que la ley no establece esa restricción. La asesora legal de la familia señaló que se trata de la primera denuncia formal por este motivo tras la reforma, y advirtió que negar un servicio por discriminación puede implicar destitución, multa y prisión para los responsables.
En este contexto, el diputado Jaime Cantón Rocha, presidente de la Comisión de la Diversidad Sexual, fijó una postura firme y exigió que renuncien los servidores públicos que no respeten los derechos humanos. Subrayó que los gobiernos en funciones están obligados a garantizar la dignidad y la igualdad, y que quien no comparta ese principio no debe ocupar un cargo público. “Vivimos en una sociedad donde todas y todos cabemos”, afirmó.
Cantón reconoció que, aunque la rectificación de género para infancias trans ya es legal en Baja California, persisten resistencias culturales y administrativas. Señaló que el reto ahora es hacer cumplir la ley, capacitar a los funcionarios y asegurar que los derechos reconocidos en el papel se ejerzan sin obstáculos. La Voz de la Frontera ha documentado que, mientras en 2025 se reportaron 300 rectificaciones en personas adultas y 10 en menores, los rechazos a infancias trans evidencian una brecha entre la norma y su aplicación efectiva.
