En días recientes, la conversación pública se ha visto saturada por una señalización en contra de una diputada local de MORENA. Declaraciones poco afortunadas, descuidos que involucran sumas considerables de dinero, escenas de ostentación que contradicen la narrativa de austeridad han ocupado titulares, mesas de análisis y redes sociales. Nada de ello, en rigor, resulta sorprendente. Pero, sí resulta inquietante.
No sorprende porque la política mexicana, desde hace décadas, se ha convertido en un terreno fértil para la improvisación. Abundan los perfiles sin formación pública, sin ética del cargo y sin una comprensión real de la responsabilidad que implica ejercer poder. Son actores que llegan por coyuntura, por lealtades personales o por mera oportunidad, no por vocación ni mérito. En su momento, se creyó —o se quiso creer— que MORENA representaría una ruptura con esa inercia: una fuerza capaz de encarnar una conciencia moral frente al abuso, la corrupción y el patrimonialismo del poder, sin embargo, su estructura personalista, vertical y profundamente heterogénea hizo evidente, muy pronto, que esa expectativa era más deseo que realidad.
Hoy existe un consenso tácito, aunque pocas veces expresado con honestidad: los partidos políticos en México operan bajo lógicas similares. Compiten en el discurso, pero cooperan en los hechos. Comparten inercias, se toleran excesos y se reconocen mutuamente dentro de un mismo ecosistema de privilegios. En ese contexto, la descalificación genérica sustentada exclusivamente en el antagonismo ideológico resulta no solo insuficiente, sino intelectualmente cómoda. Criticar sin distinguir es una forma de no comprender.
La crítica, entonces, no se agota en los políticos. El verdadero motivo de preocupación es otro: la persistente renuncia de la ciudadanía al pensamiento crítico. Aun cuando muchos reconocen la superficialidad del debate público y la fragilidad de nuestras instituciones, siguen participando, con entusiasmo incluso, en el juego del escándalo. Se proponen cambios de estilo, ajustes cosméticos en la forma de gobernar, como si el problema fuera de modales y no de estructura. Como si la vida institucional del país gozara de buena salud y bastara un relevo de figuras para corregir el rumbo.
Nada más engañoso.
Los gobernados carecemos de poder formal, es cierto. Pero, conservamos algo que el poder rara vez puede comprar: autoridad moral. Esa autoridad nace de la distancia frente al privilegio, de la experiencia cotidiana de las consecuencias de un mal gobierno y de la capacidad, aún posible, de negarnos a aceptar narrativas simplistas. Ejercerla implica incomodarnos, desconfiar de los relatos prefabricados y asumir que la transformación política no comienza en el escándalo ajeno, sino en la lucidez propia.
Mientras sigamos confundiendo indignación con reflexión y ruido con análisis, el sistema no tendrá incentivos para cambiar. El escándalo, al final, no es una amenaza para el poder: es su mejor coartada.
