Capacitarán a trabajadores del Estado para erradicar la violencia de género

MEXICALI.- El Congreso de Baja California aprobó de manera unánime la Ley Daryela, una nueva normativa que obliga a todos los servidores públicos y prestadores de servicios estatales a recibir capacitación continua en igualdad de género y prevención de la violencia hacia las mujeres. La ley, promovida por la diputada Michel Sánchez Allende, busca combatir la violencia de género desde las instituciones públicas, promoviendo la justicia, la empatía y el respeto hacia las víctimas.

La Ley Daryela establece sanciones administrativas para quienes incumplan con la capacitación obligatoria, como inhabilitación de hasta un año o la imposibilidad de ascender en sus funciones. Además, los nombres y cargos de los infractores serán publicados en el sitio oficial del Instituto de la Mujer de Baja California. Esta legislación pretende transformar la atención a las víctimas y erradicar la revictimización, al mismo tiempo que se armoniza con reformas federales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El nombre de la ley rinde homenaje a Daryela Valdez Rocha, una joven asesinada por su expareja en 2023, cuyo caso evidenció fallas en la atención institucional y la necesidad de medidas más contundentes. “Esta ley honra a Daryela y a todas las mujeres que han perdido la vida por razón de género. Es un mensaje claro: no toleraremos más violencia ni desigualdad en nuestras instituciones”, declaró Sánchez Allende durante la sesión del Congreso.

Las capacitaciones estarán a cargo del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASE) y serán impartidas de manera continua. Estas abarcarán temas generales y especializados para diversos sectores, como el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. La implementación de la ley comenzará en los próximos meses y se evaluará como un criterio obligatorio en las cuentas públicas de las dependencias gubernamentales.

Con la Ley Daryela, Baja California da un paso significativo hacia la construcción de un entorno más seguro y equitativo para las mujeres. Este esfuerzo no solo busca prevenir la violencia, sino también crear conciencia social y sentar un precedente de justicia y compromiso institucional con los derechos humanos.