Congreso de BC exige revisión urgente a sistemas de protección infantil tras caso “Vicentito”
MEXICALI.- El Pleno del Congreso de Baja California aprobó un exhorto de urgente resolución impulsado por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende para exigir al Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado y al Sistema DIF una revisión profunda de los mecanismos de protección familiar en la entidad.
El acuerdo legislativo tiene como propósito identificar y corregir fallas institucionales que puedan poner en riesgo a las infancias, tras la muerte de Vicente, un niño de tres años que falleció el pasado 2 de mayo por exposición prolongada al calor al interior de un vehículo.
De acuerdo con el comunicado, la diputada llevó el caso conocido como “Vicentito” a la máxima tribuna del Estado, donde advirtió que la tragedia debe analizarse más allá de las responsabilidades penales, pues obliga a revisar las redes de apoyo y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan miles de familias.
Sánchez Allende señaló que en el debate público se ha dejado en segundo plano la precarización de los cuidados, la salud mental y la sobrecarga emocional y económica de quienes cuidan.
Además, sostuvo que reducir el caso únicamente a la condena social invisibiliza condiciones estructurales e impide generar cambios reales para proteger a la niñez.
El exhorto solicita formalmente al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la titular de la Fiscalía General del Estado y a la presidenta del DIF Baja California un informe detallado sobre el estado de los procedimientos de custodia, convivencias y medidas de protección infantil.
La legisladora precisó que las dependencias deberán transparentar sus tiempos promedio de atención, su carga de trabajo actual y los posibles rezagos existentes en la aplicación de pruebas periciales, valoraciones psicológicas y estudios de trabajo social, áreas consideradas clave para dictaminar entornos seguros.
Finalmente, Sánchez Allende llamó a que toda actuación judicial y gubernamental se realice con perspectiva de género y de derechos de las infancias. Subrayó que el objetivo de esta auditoría institucional es que la justicia funcione como un escudo preventivo y no únicamente como una respuesta posterior a la tragedia, además de apostar por la reconstrucción del tejido social desde la empatía y la corresponsabilidad.
