Sheinbaum reafirma cooperación con EE.UU. en materia de extradiciones

Sheinbaum confirmó la existencia de una lista de personas requeridas por la justicia de Estados Unidos, aunque destacó que no se trata de una política reciente, sino de un proceso de cooperación que ha operado desde hace tiempo. "Existen listas de extradiciones y, en la medida de lo posible, México colabora. Esto no es algo nuevo", expresó.

A principios de marzo, las autoridades mexicanas entregaron a Estados Unidos a 29 presuntos narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero, señalado por el asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena hace cuatro décadas. La operación fue interpretada en algunos sectores como un posible gesto en las negociaciones entre ambos países para evitar la imposición de aranceles por parte del expresidente Donald Trump, aunque el gobierno mexicano ha rechazado tal versión.

En relación con futuras extradiciones, la mandataria aseguró que estos procedimientos dependen del trabajo conjunto entre ambos países y negó que haya una petición especial para acelerar el proceso en el contexto político actual. "No se ha solicitado nada en particular", indicó.

El pasado 28 de febrero, un día después de la entrega de los 29 presuntos criminales, el gabinete de seguridad mexicano enfatizó que los traslados obedecieron a solicitudes formales del gobierno estadounidense. Además, advirtió que algunos de los detenidos corrían el riesgo de ser liberados en México debido a retrasos procesales en el sistema judicial.

Las autoridades mexicanas no han descartado continuar con esta estrategia de entrega de presuntos generadores de violencia. No obstante, recalcaron que la medida responde a una política interna enfocada en la seguridad nacional y no a un compromiso con Washington. En el operativo de traslado participaron más de 3,500 elementos de seguridad, 342 vehículos y 20 aeronaves.

Un aspecto clave que ha generado debate es la denominación del proceso como una "expulsión" y no como una extradición formal. Esta distinción podría tener implicaciones legales significativas, ya que permitiría la aplicación de la pena de muerte en algunos casos, una posibilidad que el Departamento de Justicia de EE.UU. no ha descartado.