INE recibe denuncias por promoción indebida en la elección judicial
El INE insiste en que esta elección debe ser transparente, sin trampas ni favoritismos. El voto del 1 de junio debe basarse en propuestas reales, no en quién tiene más dinero o más contactos.
En plena campaña para elegir a los nuevos integrantes del Poder Judicial, ya comenzaron a sonar las alertas. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido quejas por actos anticipados de campaña y otras posibles irregularidades cometidas por algunos aspirantes.
Aunque esta elección es distinta a las que conocemos, pues no participan partidos políticos, las reglas existen y son muy claras: los candidatos solo pueden hacer campaña en sus redes sociales personales, sin usar dinero público ni privado, y mucho menos recursos del gobierno.
El INE estableció que:
Las campañas deben hacerse de forma orgánica, es decir, sin pagar anuncios ni usar recursos ajenos.
No se puede contratar espacios en medios, ni siquiera en redes sociales.
Las actividades proselitistas deben hacerse fuera del horario laboral, en el caso de quienes aún ocupan cargos públicos.
Si se realizan foros o mesas de debate, deben ser equitativos, es decir, incluir al menos a la mitad de los aspirantes de una misma región o cargo.
A pesar de estas reglas, ya se detectaron varios casos que podrían violar la ley:
Algunos candidatos han sido promovidos en redes sociales con anuncios pagados por páginas que gastaron más de 100 mil pesos en total, sin que se sepa con claridad quién pagó.
Se han hecho foros organizados por sindicatos o universidades donde sólo se invitó a ciertos aspirantes, lo que rompe la equidad del proceso.
También hay denuncias por uso de espacios públicos, impresión de propaganda y hasta grabaciones dentro de edificios oficiales.
Una de las más señaladas es la ministra Loretta Ortiz, quien fue promovida en un foro del Sindicato Mexicano de Electricistas y en un video difundido en TikTok, donde participaron funcionarios públicos. También se investiga a la ministra Yasmín Esquivel por presuntamente grabar material proselitista dentro de la Suprema Corte y pagar difusión en redes.
El INE ya advirtió que habrá sanciones para quienes se salten las reglas:
Amonestaciones públicas.
Multas de hasta 5 mil UMAS (más de medio millón de pesos).
Incluso la cancelación de la candidatura.
Además, si se detecta que un aspirante fue beneficiado de forma sistemática por medios, sindicatos o cualquier otro grupo, se considerará que usó dinero o apoyo ilegal.
Esta elección es histórica: por primera vez, los ciudadanos podrán votar por jueces, magistrados y ministras. Y aunque se supone que esta campaña debe ser diferente, algunos ya están buscando sacar ventaja con prácticas muy parecidas a las de siempre.
El INE insiste en que esta elección debe ser transparente, sin trampas ni favoritismos. El voto del 1 de junio debe basarse en propuestas reales, no en quién tiene más dinero o más contactos.
