Senado ajustará reforma de telecomunicaciones; se abre a diálogo con especialistas y empresarios

Álvarez Lima calificó las propuestas de Sheinbaum como “totalmente atendibles” y aseguró que existe la disposición para abrir un periodo de escucha en el que participen empresarios, académicos, técnicos y especialistas del sector. El objetivo, afirmó, es que la ley fortalezca la democracia, garantice el éxito de las empresas radiodifusoras y descarte cualquier amenaza de censura.

El senador subrayó que uno de los puntos clave a considerar es la inclusión de mecanismos que permitan a las autoridades supervisar contenidos financiados por gobiernos extranjeros, especialmente aquellos que puedan denigrar a la sociedad mexicana, como ocurrió recientemente.

Respecto al artículo 109 de la reforma, que ha generado controversia por ser percibido como un posible intento de controlar redes sociales y plataformas digitales, Álvarez Lima aseguró que habrá apertura para su modificación o eliminación, ya que el proceso legislativo apenas se encuentra en sus primeras fases.

“Si la redacción se presta a confusión, se modificará. La intención no es controlar ni censurar nada, sino crear leyes donde florezca la libre expresión”, enfatizó el legislador, quien también descartó cualquier intento de censura, asegurando que el propósito del movimiento de la Cuarta Transformación es construir una democracia, no una dictadura.

Además, destacó que la iniciativa busca impedir la propaganda extranjera en los medios de comunicación, en particular la que proviene de gobiernos como el de Estados Unidos, que ha pagado tiempo en estaciones de radio para difamar a México.

La nueva ley, que fue aprobada la semana pasada en las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes, y Estudios Legislativos, otorgaría amplias facultades a la Agencia de Transformación Digital del gobierno federal, la cual asumiría las funciones del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Entre sus nuevas funciones se incluiría la concesión, revocación y supervisión de las concesiones de radio y televisión, así como la creación de políticas en telecomunicaciones y radiodifusión.

Sin embargo, la nueva normativa ha generado rechazo en los partidos de oposición, como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que la consideran un ataque a la libertad de expresión. Estos partidos votaron en contra del proyecto, argumentando que la reforma centraliza el poder y pone en riesgo la pluralidad informativa en el país.