Los detalles de Plan B de Sheinbaum: recortes, control financiero y ajustes operativos
La propuesta incluye cambios constitucionales y a leyes secundarias para reducir gasto y fortalecer la fiscalización
CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México impulsa un conjunto de reformas en materia electoral, denominado “Plan B”, que contempla modificaciones tanto a la Constitución como a leyes secundarias, con el objetivo de reducir el gasto público, reforzar los mecanismos de fiscalización y ajustar la operación del sistema electoral en México.
En el paquete de reformas a leyes secundarias se establece un tope a las remuneraciones de consejeros y altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de organismos públicos locales electorales (OPLES) y tribunales electorales locales, bajo el principio de que ningún servidor público podrá percibir ingresos superiores a los de la Presidencia de la República.
Asimismo, se plantean cambios en los procesos de cómputo electoral, que iniciarían al cierre de la jornada comicial con la llegada del primer paquete de resultados, tanto en elecciones federales como locales.
El Plan B también incorpora medidas para fortalecer la fiscalización, mediante la celebración de convenios con diversas autoridades y el uso de herramientas tecnológicas, además de imponer mayores controles financieros a los partidos políticos.
Entre estos controles se incluye la obligación de transparentar las remuneraciones de sus dirigencias, reportar operaciones financieras en tiempo real a través de sistemas bancarizados y respetar un tope salarial de hasta mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).
De igual forma, se prohíbe el uso de recursos de origen ilícito o no comprobable, el financiamiento extranjero y las aportaciones en efectivo.
En el plano constitucional, la propuesta contempla la reducción de estructuras en los gobiernos locales, como la disminución del número de regidurías a un máximo de 15 y la limitación a una sindicatura por municipio.
También se plantea establecer un tope presupuestal para los congresos estatales equivalente al 0.70 % del gasto total de cada entidad, con la intención de que los recursos ahorrados se destinen a obras de infraestructura pública.
El paquete incluye además la eliminación de privilegios como bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales para servidores públicos, así como una reducción progresiva del gasto en el Senado de hasta un 15 %.
Finalmente, se refuerza el mecanismo de revocación de mandato, que se llevaría a cabo el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, como un instrumento para que la ciudadanía determine la continuidad o no de la persona titular del Ejecutivo federal.
