EE.UU. sanciona a seis personas y siete empresas por lavar dinero para el Cártel de Sinaloa
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que el lavado de dinero es clave para el funcionamiento del cártel, ya que permite financiar sus actividades ilícitas
Por Redacción | Publicado el lunes, 31 de marzo de 2025
MUNDO
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra seis personas y siete empresas por su presunta participación en una red de lavado de dinero ligada al Cártel de Sinaloa. Como parte de estas medidas, se congelaron los bienes de los implicados, quienes habrían facilitado el movimiento de grandes sumas de dinero para la organización criminal.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que el lavado de dinero es clave para el funcionamiento del cártel, ya que permite financiar sus actividades ilícitas. En un comunicado, la dependencia explicó que, en algunos casos, se detectaron hasta 66.5 millones de dólares lavados por los involucrados. Además, aseguró que continuará utilizando todas las herramientas disponibles para frenar estas operaciones y afectar las finanzas de los cárteles.
Entre los sancionados se encuentra Enrique Dann Esparragoza Rosas, acusado de mover ganancias del narcotráfico entre Estados Unidos y México mediante un esquema de cambio de divisas. También figuran Alan Viramontes Sesteaga, vinculado con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y Salvador Díaz Rodríguez, señalado por recaudar dinero para una organización criminal y cometer actos de violencia contra quienes no pagaban las cantidades exigidas.
El Departamento del Tesoro también impuso sanciones contra Alberto David Benguiat Jiménez, quien habría lavado más de 50 millones de dólares a través de una red de empresas fachada, y su socio Christian Noe Amador Valenzuela. Entre las compañías afectadas por las sanciones se encuentran Scatman y Hatman Corp S.A.P.I., Grupo Zipfel de México S.A., y Productions Pipo S. De R.L., entre otras. Además, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta para que las instituciones financieras refuercen sus controles ante el riesgo de transferencias sospechosas de grandes cantidades de dinero.