Más de 55 mil muertos en Gaza: UE cuestiona compromiso de Israel con derechos humanos

El análisis, realizado por el Servicio de Acción Exterior de la UE, se centra en el artículo 2 de dicho acuerdo, que establece la obligación de respetar el derecho internacional y los derechos humanos. Esta cláusula es fundamental para las relaciones comerciales y diplomáticas, ya que su violación podría llevar a la suspensión parcial o total de los beneficios del acuerdo. Un precedente de este tipo ocurrió en 2011, cuando la UE cortó las importaciones de petróleo de Siria por las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Bashar al Asad durante la ‘Primavera Árabe’.

El informe, que ha sido consultado por eldiario.es, detalla la situación en Gaza desde los ataques perpetrados por Hamás en octubre de 2023, que desataron una ofensiva militar masiva por parte de Israel bajo la dirección de Benjamín Netanyahu. Desde entonces, Gaza ha sufrido un asedio brutal, con la población privada de lo esencial: agua, electricidad y medicinas. Esta crisis humanitaria ha llevado a 17 países de la UE a respaldar la revisión del acuerdo, con la intención de presionar a Israel para que cese las violaciones y abra el camino a la ayuda humanitaria.

En el informe también se documenta el desplazamiento masivo de los residentes de Gaza, junto con la intensificación de la violencia en Cisjordania, donde la discriminación y los ataques de colonos israelíes han aumentado desde los ataques de Hamás. Estas observaciones se basan en reportes de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), que operan sobre el terreno y tienen acceso directo a los hechos.

El informe destaca una serie de posibles violaciones cometidas por las fuerzas israelíes. El primero de los puntos señala el bloqueo y la obstrucción sistemática de la ayuda humanitaria. A pesar de la gravedad de la situación, Israel ha impedido la llegada de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales a la población gazatí, una medida que la ONU califica de "castigo colectivo", una práctica prohibida por el derecho internacional. A ello se suman informes de ataques a civiles que intentaban acceder a alimentos y otras provisiones.

Otro punto relevante del informe es el elevado número de víctimas mortales y heridas. La UE afirma que la cifra de muertes entre la población civil ha alcanzado un nivel sin precedentes, y casi la mitad de las víctimas son niños. La comunidad internacional ha expresado su profunda preocupación por la alta cifra de civiles afectados, especialmente menores de edad.

También se documentan ataques contra hospitales y centros médicos, desplazamientos forzados de la población y una creciente restricción a la labor de los periodistas. En particular, el informe señala que Israel ha dificultado el acceso de reporteros internacionales a Gaza, lo que se interpreta como un intento deliberado de limitar la cobertura mediática y evitar que se informe sobre los efectos de los ataques y la negación de la ayuda humanitaria.

Otro de los puntos clave es la falta de rendición de cuentas. El informe recuerda que, según el derecho internacional, los Estados deben investigar las violaciones de derechos humanos y garantizar que los responsables enfrenten la justicia. Sin embargo, Israel ha desoído sistemáticamente las llamadas de la comunidad internacional y no ha tomado medidas para procesar a los responsables de estas violaciones.

En Cisjordania, el informe apunta a tres áreas específicas de preocupación: la expansión de los asentamientos ilegales, la violencia de los colonos y las detenciones arbitrarias, que incluyen torturas y tratos inhumanos.

La alta representante de la UE, quien se encargará de presentar este informe en una reunión de ministros de Exteriores, no ha hecho una valoración política, pero destaca los “indicios” de las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el informe no propone medidas concretas, lo que ha generado preocupación entre países como España e Irlanda, que han solicitado respuestas más contundentes.

Fuentes cercanas a la alta representante indican que la reunión no llevará a una decisión inmediata sobre el futuro del acuerdo comercial, y que las discusiones sobre las posibles sanciones o medidas a tomar se postergarán para una próxima reunión en julio. Las diferencias internas entre los países miembros de la UE, especialmente con capitales como Berlín que mantienen una postura cercana a Israel, complican la adopción de medidas más drásticas.

Aunque la revisión del acuerdo fue apoyada por 17 países de la UE en mayo, no todos están de acuerdo con imponer sanciones a Israel. La presión internacional crece, pero el camino hacia una acción efectiva sigue siendo incierto.