Armenta llama a diálogo sobre Ley de Ciberseguridad ante críticas de activistas y periodistas
El gobernador Alejandro Armenta hizo un llamado a establecer un diálogo abierto con especialistas, medios y colectivos
PUEBLA.- Puebla se encuentra en el centro del debate nacional tras la aprobación de la nueva Ley de Ciberseguridad, conocida por sus críticos como “Ley Censura”, que castiga con hasta tres años de prisión a quienes emitan insultos u ofensas en redes sociales. La medida, impulsada por el gobernador Alejandro Armenta y avalada por la mayoría del Congreso local, incluye la tipificación de delitos como ciberasedio, espionaje digital y usurpación de identidad. Según el mandatario, el objetivo es proteger los derechos humanos y brindar un marco legal frente a los riesgos del entorno digital.
Desde el Congreso del Estado, diputadas y diputados de Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza y Fuerza por México han defendido la reforma como una herramienta para combatir la violencia digital, especialmente aquella que se da desde el anonimato. En un comunicado conjunto, legisladores afirmaron que no se trata de limitar la libertad de expresión, sino de frenar ataques cobardes que afectan la vida personal de funcionarios y ciudadanas, haciendo énfasis en casos recientes de cuentas en redes como “Aldea Poblana”.
Por su parte, el gobernador Armenta solicitó formalmente establecer foros con periodistas, organismos de derechos humanos y colegios de abogados para analizar la ley y su aplicación en materia de ciberacoso. “Siempre con el propósito de proteger los derechos humanos universales con el mayor consenso posible”, indicó en un documento dirigido al Congreso local, defendiendo su postura desde una visión de gobernabilidad incluyente.
Sin embargo, organizaciones como Artículo 19, Sociedad Civil México y la Red de Periodistas de Puebla han advertido que la ley podría utilizarse para perseguir voces críticas. Señalan que las definiciones de los delitos son amplias, imprecisas y pueden criminalizar el ejercicio periodístico, afectando investigaciones sobre corrupción y reduciendo el margen de crítica legítima contra autoridades públicas.
La aprobación exprés de esta ley, sin abrir el proceso a participación ciudadana o debate técnico especializado, ha encendido las alarmas en el ámbito nacional. Para diversos colectivos, esta reforma representa una regresión en materia de libertad de expresión. Mientras el gobierno local argumenta que busca garantizar la seguridad digital de la población, el riesgo de un uso político y restrictivo de la norma mantiene a Puebla bajo la lupa de la sociedad civil y defensores de derechos humanos.
