Fiscalía de NL busca carpetazo a casos de enriquecimiento de Samuel García
La Fiscalía de Nuevo León podría dar carpetazo para denuncias por enriquecimiento ilícito contra Samuel García
La Fiscalía General de Nuevo León, encabezada por Javier Flores, se prepara para declarar el inejercicio de la acción penal —el llamado “carpetazo”— en varias carpetas de investigación que involucran al gobernador Samuel García, según reportó El Norte con base en fuentes cercanas al caso. Flores, nombrado fiscal general tras un acuerdo político entre el propio García y la oposición, es cercano al padre del mandatario, Samuel García Mascorro, lo que ha encendido sospechas sobre la imparcialidad del proceso.
Las carpetas en vías de cierre incluyen denuncias por enriquecimiento ilícito y uso indebido de recursos públicos, entre ellas:
La adquisición de un predio en Mesa de la Corona, San Pedro Garza García, valuado en más de mil millones de pesos.
La compra de un rancho de 700 hectáreas en Linares, valuado en 800 millones, cedido a través de una empresa ligada a la familia García sin transparencia sobre el precio real (El País).
La triangulación de 200 millones de pesos desde la contratista Suministros MYR hacia Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho de Samuel García y su padre (Reforma).
Operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita y desvíos con fines electorales.
Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción, presidida por Javier Garza y Garza, también decretó cierres en causas sobre sobornos a legisladores, pagos a alcaldes de Movimiento Ciudadano y transferencias millonarias a ECM Soluciones, empresa supuestamente ligada al despacho familiar del gobernador.
En paralelo, reportajes de El País detallan que ese rancho fue cedido por la familia Garza Treviño (vinculada a la constructora Garza Ponce, proveedora estatal) a la empresa Saga Tierras y Bienes Inmuebles, de propiedad del gobernador y su padre, a través de un contrato de reversión de fideicomiso, sin que se transparentara el monto de la operación ni se hayan inscrito los documentos en el Registro Público de Tamaulipas.
Además, El País y Reforma han documentado un aparente esquema de triangulación: la empresa Suministros MYR facturó al gobierno de Nuevo León casi mil millones de pesos por servicios diversos, parte de esos recursos pasaron a una firma hermana (Productos Mexicanos JACE) y luego fueron pagados al despacho jurídico del gobernador y su padre sin detalles sobre los servicios prestados.
En mayo pasado se dictaron carpetazos también en una indagatoria por triangulación de más de 200 millones de pesos desde una empresa contratista del gobierno a un despacho jurídico vinculado al mandatario y su padre
Legisladores opositores, como la priista Lorena de la Garza, denuncian que el cierre simultáneo de estas investigaciones evidencia un pacto político para blindar al gobernador, dejando impune un presunto crecimiento patrimonial irregular de su familia a costa de recursos públicos.
