Guanajuato frena por quinta vez la despenalización del aborto en medio de consignas provida
Al final, la decisión volvió a inclinarse en contra
El Congreso de Guanajuato vivió una sesión tensa este jueves, marcada por los gritos de “Guanajuato es provida” que se escucharon desde la galería mientras las y los legisladores votaban, por quinta ocasión en siete años, propuestas para modificar la legislación sobre aborto. Al final, la decisión volvió a inclinarse en contra: 19 votos bastaron para frenar la despenalización, frente a 17 que apoyaron cambiar el marco legal.
En esta ronda se debatieron tres iniciativas: dos de diputadas de Morena, Eugenia García Oliveros y Edith Moreno Valencia, y una más presentada por la legisladora de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco. Las propuestas retomaban estándares internacionales que reconocen la autonomía reproductiva como un derecho que permite a mujeres y niñas tomar decisiones libres sobre su vida sexual y reproductiva, y detallaban que criminalizar el aborto no lo elimina, pero sí empuja a muchas a ocultar su situación y retrasar la atención médica.
Pedroza Orozco, al defender su iniciativa, insistió en que el Congreso no podía ignorar los criterios de la Suprema Corte, que ya ha advertido que el Código Penal de Guanajuato contiene disposiciones que vulneran derechos. Su intervención fue especialmente crítica frente a la negativa del pleno: “Acaso no debería ser suficiente que ya la Suprema Corte de Justicia nos haya dicho que nuestro código penal es violatorio de derechos para que lo reformemos, ¿no sería eso lo más responsable de nuestra parte como legisladores? Busco justicia y busco dignidad, que se nos deje de criminalizar y perseguir, busco que se nos deje de perseguir, disminuir la mortalidad materna”, sostuvo.
Desde la otra trinchera, la diputada Karol Jared González Márquez defendió la legislación actual bajo el argumento de que protege la vida desde la concepción y brinda herramientas para investigar posibles abusos o explotación. Insistió en que no hay mujeres encarceladas por abortar y que las normas vigentes buscan evitar que terceros lucren con el procedimiento. “No se trata de restringir libertades, sino de mantener las herramientas legales que permitan proteger a las mujeres de quienes las explotan o abusan de ellas y de quienes podrían lucrar con la vida de un ser que está por nacer. No se trata de un castigo, sino de asegurar que las autoridades puedan investigar y actuar contra esas redes”, afirmó.
Con esta votación, Guanajuato mantiene sin cambios su regulación, que contempla penas de prisión de seis meses a tres años para el aborto inducido, salvo en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer. La discusión, sin embargo, sigue lejos de cerrarse: ni la presión social desde las gradas ni los argumentos desde tribuna lograron romper la inercia legislativa que hasta ahora ha impedido cualquier reforma.
