Cámara de Diputados avala penas de hasta 8 años por comercio de vapeadores

Durante la presentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Salud, el morenista Pedro Zenteno, aseguró que la reforma fue interpretada de forma equivocada por la oposición y recalcó que el uso personal no será perseguido. “La reforma establece una prohibición absoluta de su producción, comercialización, importación, exportación y publicidad, (pero) quiero subrayar con toda claridad: no se sancionará al consumidor individual. La sanción recae únicamente en quienes pretenden adquirir estos dispositivos con fines de comercialización, distribución o lucro”, afirmó.

El paquete legislativo, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, también restringe completamente la publicidad de estos productos y amplía las prohibiciones sobre sustancias tóxicas, precursores químicos, drogas sintéticas no autorizadas y el uso ilícito del fentanilo.

Las bancadas opositoras mantuvieron una postura frontal contra la reforma. La diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, llevó a tribuna una caja adornada como regalo para dramatizar su posición y calificó el proyecto como “la reforma más prohibicionista, más autoritaria y más absurda que este país ha visto en décadas”. También cuestionó la severidad de las penas: “Un dictamen que criminaliza adquirir, conservar, almacenar, transportar, distribuir o vender vapeadores con penas de hasta ocho años de cárcel. Ocho años, por un vapeador”, dijo, antes de lanzar comparaciones: “Golpear brutalmente a una mujer se castiga con menos pena que comprar un vapeador. Divulgar fotos íntimas sin tu consentimiento se castiga con tres a seis años de cárcel, menos que guardar vapeadores en una bodega”.

Desde el PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez acusó a Morena de fomentar el encarcelamiento de personas que porten estos dispositivos, mientras que Federico Döring destacó lo que consideró una incongruencia de prioridades en un país donde los hospitales carecen de insumos básicos. Por su parte, la priista Ana Isabel González puso el foco en el artículo 282 Quáter, al que calificó como excesivo. “Ese artículo abre la puerta a que cualquier persona que adquiera un vapeador o cigarrillo electrónico, a cualquiera que consuma, suministre, produzca, importe este tipo de productos, tenga una pena entre uno y ocho años de cárcel”, sostuvo. También advirtió sobre las multas: “Una multa de hasta 2 mil unidades diarias de UMAs, vienen siendo 225 mil pesos, aproximadamente”. Incluso señaló que alguien podría enfrentar consecuencias penales por algo tan simple como dejar un vapeador dentro de su automóvil, pues “realmente ya está conservando este producto”.

El debate escaló al grado de que González pidió mostrar directamente el contenido del dictamen: “se vayan directamente a la página 817 y a la página 835… Y dice de la manera siguiente: Queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos”.

La respuesta de la bancada oficialista insistió en que la oposición tergiversó la información. La diputada del PT Margarita García aseguró que el uso personal no está contemplado en la reforma y pidió no generar confusión. “En ningún lado del documento tiene uso, consumo y portabilidad… es libre de fumarlo, pero no engañemos, no queramos engañar al pueblo”, dijo. El morenista Fernando Mendoza respaldó esta posición al afirmar que “esta ley no intenta criminalizar al consumidor, en esencia distingue entre el que pone el producto tóxico en el mercado y es sancionado, y la persona que sufre una adicción”.

Al cierre de la sesión, Iraís Reyes regresó a tribuna para lanzar una última acusación antes de dejar caer la caja que cargaba: “Hoy esa ley suena a salud, pero huele a otra cosa. Parece escrita, cabildeada y diseñada para que el crimen organizado siga creciendo y lucrando. Eso no es salud pública, eso es un regalo del gobierno envuelto para el crimen organizado. ¡Feliz Navidad al crimen organizado, de parte de Morena y sus aliados!”.

El dictamen quedó aprobado en lo general y avanzará a la discusión en lo particular para revisar las reservas presentadas.