SCJN cumple seis meses entre iniciativas históricas, proyectos polémicos y protestas ciudadanas
La nueva Suprema Corte ha sesionado por primera vez fuera de Ciudad de México
CIUDAD DE MÉXICO.- A seis meses de la instauración de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con integrantes electos por voto popular, el máximo tribunal del país transita entre decisiones de impacto social, retos políticos y una creciente contestación social que ha influido directamente en su agenda de trabajo.
Desde el 1 de septiembre de 2025, cuando asumieron funciones las o los ministros electos tras la reforma judicial promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el tribunal ha buscado combinar su nueva legitimidad democrática con acciones que, en algunos casos, han generado malestar y protestas ciudadanas.
Las principales manifestaciones han surgido en respuesta a proyectos de sentencia considerados por grupos sociales como afectaciones directas a derechos colectivos o de grupos vulnerables.
El 9 de octubre de 2025, agrupaciones de repartidores se movilizaron contra un proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama que buscaba declarar constitucional el impuesto del 2 % cobrado a plataformas digitales, argumentando que tendría un impacto negativo en sus ingresos. Pese a ello, el pleno aprobó el criterio, aunque la polémica y las protestas marcaron el debate.
El 19 de enero de 2026, organizaciones vecinales por el derecho a la vivienda y afectados por desalojos en la Ciudad de México bloquearon el acceso a la Corte para exigir el aplazamiento de un proyecto de sentencia que, según colectivos, podía legalizar desalojos arbitrarios en la capital. La presión social llevó a que la SCJN pospusiera la discusión del caso.
El 28 de enero, el ministro Irving Espinosa Betanzo retiró de la agenda un proyecto que proponía eliminar el aviso de despido como derecho laboral tras manifestaciones del Frente Nacional por las 40 horas, que advirtió sobre riesgos a garantías de empleo.
Además, movilizaciones ciudadanas también influyeron en el aplazamiento de iniciativas relacionadas con el interés legítimo de organizaciones civiles para promover amparos en materia ambiental, ampliando el distanciamiento entre la Corte y organizaciones de la sociedad civil.
A pesar de la tensión, la SCJN ha promovido hechos considerados inéditos en su operación. Entre ellos, la celebración de audiencias públicas y la realización de una sesión itinerante fuera de la Ciudad de México (en el municipio de Tenejapa, Chiapas) donde se abordaron derechos de autonomía indígena, así como criterios que han modificado la vinculación del tribunal con realidades territoriales diversas.
La implementación del nuevo modelo judicial y las decisiones que emanan del tribunal reflejan la tensión entre legitimidad democrática y el escrutinio social, un balance delicado en un país con demandas ciudadanas cada vez más activas y directas.
