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Elmo Renista
VISIÓN SOCIAL DE ARIADNA MONTIEL AL LIDERAZGO DE MORENA
La posible y muy anunciada llegada de Ariadna Montiel Reyes al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA es, para muchos, la aplicación práctica y política de una perspectiva que la Cuarta Transformación ha perfeccionado, en el sentido de quien opera el territorio organiza el poder.
Desde la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel administró los programas sociales al tiempo que desarrolló una red de contacto directo con las necesidades de millones de mexicanos. Esa política pública fue, de manera natural, la generación de una estructura real.
Su perfil no responde al carisma clásico ni a la estridencia de la tribuna, sino a la operación eficiente, tranquila y silenciosa. Esas virtudes, en un partido que se prepara para los desafíos de 2027, pesan más que cualquier discurso incendiario.
La eventual llegada de Montiel Reyes, que podría confirmarse este domingo 3 de mayo, también revela la intención de Claudia Sheinbaum Pardo de consolidar el control interno del movimiento político que fundó Andrés Manuel López Obrador.
Para la líder actual del movimiento y presidenta de México, colocar a Montiel Reyes en el CEN implicaría alinear gobierno, programas sociales y partido bajo una misma lógica operativa. No se trata pues solo se estratégica sino de cimentar el futuro del poder mexicano .
Y mientras la mermada oposición advierte sobre la difusa línea entre lo social y lo electoral, MORENA sabe que ser eficiente como gobierno, atender el territorio y escuchar a la gente es crear una estructura que resuelve problemas y legitima las decisiones.
Montiel Reyes, lo saben muchos, no llega por accidente, sino porque su labor reciente representa una forma de hacer política administrando los recursos para que lleguen directamente a quien lo necesita sin hacer estridencias ni provocar escándalos. Habilidades que la Cuarta Transformació necesitará en los tiempos por venir.
TODO COMENZÓ EN CHIHUAHUA: LA VERDAD DETRÁS DEL CASO ROCHA
No son pocas las voces que afirman, algunas con sustento, que la acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se originó en el conflicto entre el gobierno federal y otra gobernadora, la de Chihuahua, Maru Eugenia Campos Galván.
La explicación tiene sentido. Primero porque junto al procedimiento iniciado por la Fiscalía de Nueva York no tiene pruebas y, segundo, porque así lo explica la cronología de los hechos.
Sin preguntar a nadie y sin notificar a quien legalmente estaba obligado a informar, el gobierno chihuahuense realizó una operación en conjunto con el Ejército Mexicano para desmantelar un laboratorio. Hasta ahí todo normal, pero lo que encendió la mecha fue la presencia de agentes de la CIA en el operativo.
Los agentes murieron en un accidente automovilístico después de la acción, y eso generó una natural molestia en los gobiernos federales de ambos países. Campos Galván estaba citada a comparecer para responder a las naturales dudas de los senadores respecto a lo sucedido, pero omitió su responsabilidad.
Las autoridades de Estados Unidos, a sabiendas de procedimiento que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo iniciaría contra la gobernadora de Chihuahua, activó el procedimiento legal contra Rubén Rocha Moya.
Lo que ha trascendido es que la chihuahuense pactó con el gobierno de Estados Unidos, por lo que desde Nueva York se tomó la decisión de iniciar una acusación sin pruebas contra funcionarios de Sinaloa empezando por el gobernador, que, casualmente, es morenista.
Con toda claridad es posible observar, sin mucha agudeza, la operación de Estados Unidos para afectar sin pruebas la estabilidad política de México. La complicidad entre agencias como la DEA, la CIA y Maru Campos es algo que debe seguir siendo investigado.
Nadie olvida que introdujo al país a agentes estadounidenses violando la soberanía y eso, más que el ruido mediático que suena en Sinaloa, es un delito por el que la panista deberá responder.
