La investigación por presunto huachicol fiscal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, entró en una nueva etapa luego de que el Gobierno federal reforzara públicamente la solidez del caso mientras la defensa comenzó a delinear la estrategia con la que buscará desvirtuar las acusaciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la empresa Ingemar, S.A. de C.V., de la que Ruffo es accionista, incurrió en una doble violación a las disposiciones de importación de combustible, al no reportar la totalidad del producto que ingresaba al país o declarar mercancía distinta a la que realmente transportaba. La mandataria sostuvo además que la Fiscalía General de la República cuenta con "muchísimas pruebas" y recordó que la investigación se desarrolla desde hace aproximadamente un año.
Sheinbaum también señaló que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue cancelado el permiso de importación de combustible de Ingemar, aunque posteriormente el anterior Poder Judicial restituyó esa autorización. En ese contexto, vinculó el caso con las investigaciones sobre huachicol fiscal, un esquema que consiste en introducir combustibles al país mediante declaraciones aduanales falsas o incompletas para evadir el pago de impuestos.
Las declaraciones de la presidenta fortalecen la postura que la FGR ha sostenido desde que obtuvo las órdenes de aprehensión contra Ruffo Appel y otros presuntos involucrados. De acuerdo con la investigación, el exgobernador habría formado parte de una estructura empresarial relacionada con la importación, distribución y comercialización irregular de combustibles.
La carpeta de investigación también incluye información financiera que, según la Fiscalía, ubica a Ruffo entre los beneficiarios de la operación. Entre los elementos incorporados al expediente se encuentran transferencias por alrededor de 18 millones de pesos realizadas por Ingemar a una cuenta bancaria del exmandatario entre julio de 2024 y julio de 2025, así como su calidad de accionista e integrante del consejo de administración de la empresa desde 2018.
Frente a ese escenario, la defensa del exgobernador ha optado por centrar su estrategia en desvincularlo de la operación material que investiga la Fiscalía. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el abogado Fernando Gómez Mont sostuvo que Ruffo únicamente era accionista de Ingemar y que la empresa contrató a un tercero para realizar el transporte del combustible autorizado por su permiso de importación.
El litigante aseguró que no existe documentación que acredite que Ruffo controlara a la empresa transportista, conociera las operaciones presuntamente irregulares o se hubiera beneficiado de ellas, por lo que insistió en que los hechos atribuidos corresponden, en su caso, a decisiones tomadas por un tercero ajeno a su representado.
Mientras la Fiscalía busca acreditar la responsabilidad de quienes integraban la estructura empresarial investigada, la defensa intenta romper el vínculo jurídico entre Ruffo y las operaciones que dieron origen al proceso penal. Será durante las siguientes etapas del procedimiento cuando un juez determine si los elementos presentados por el Ministerio Público son suficientes para sostener las imputaciones formuladas contra el exgobernador.
