La decisión busca distanciar al gobierno local de las acciones de las agencias de migración en la región, en concordancia con una política establecida por el condado en 2024 para limitar la cooperación en tareas civiles de inmigración. Al respecto, la supervisora Monica Montgomery Steppe enfatizó que la comunidad no desea ser cómplice de los perjuicios que las corporaciones federales han causado en la población. Esta resolución representa un freno definitivo al uso de infraestructura pública del condado para las prácticas de tiro del personal federal.
Por su parte, la resolución provocó un inmediato rechazo en mandos federales y miembros opositores de la junta. Rodney Scott, comisionado de CBP, advirtió que la pérdida de la sede afectará la capacitación de unos mil 700 agentes y podría mermar el personal disponible para las operaciones en la frontera. En ese mismo sentido se pronunció el supervisor Jim Desmond, quien votó en contra del dictamen al señalar que los excesos en el actuar de las agencias deben corregirse con mayor entrenamiento y no mediante la cancelación de los espacios de preparación.
