La iniciativa, impulsada por el diputado Diego Alejandro Lara Arregui, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, adiciona el artículo 36 Bis a la legislación estatal. Esta modificación obliga a instituciones públicas y a empresas del sector privado a tomar en cuenta dichas prácticas en sus procesos de reclutamiento y selección, siempre que mantengan relación directa con el perfil del puesto solicitado.
Con este cambio normativo, ninguna convocatoria podrá descalificar a un postulante joven argumentando falta de experiencia si esta se comprueba mediante la constancia oficial de servicio social expedida por la institución correspondiente, la cual deberá especificar las funciones y competencias desarrolladas.
"Uno de los principales obstáculos para las y los jóvenes al buscar incorporarse al mercado laboral es la exigencia de experiencia previa, a pesar de que durante su formación asumen responsabilidades y adquieren habilidades a través del servicio social", destacó el legislador Lara Arregui.
La reforma busca equilibrar las oportunidades de empleo y reducir las condiciones de desigualdad que afectan a las nuevas generaciones al buscar su primera oportunidad de trabajo.
Asimismo, se determinó un plazo máximo de 60 días a partir de la entrada en vigor del decreto para que las dependencias y entidades públicas estatales y municipales actualicen sus manuales y lineamientos internos de contratación.
