La postura del organismo mexicano surge luego de que el Comité de Naciones Unidas planteara la posibilidad de llevar el caso ante la Asamblea General, ante la gravedad del fenómeno de desapariciones forzadas en el país.
En respuesta, la CNDH sostuvo que la interpretación del organismo internacional no refleja la realidad actual de México ni los avances institucionales en materia de búsqueda de personas desaparecidas.
Además, señaló que el informe omite elementos clave del contexto nacional.
El organismo también cuestionó que el Comité haya otorgado mayor peso a la información proporcionada por organizaciones civiles y colectivos, en detrimento de las acciones emprendidas por el Estado mexicano.
Asimismo, acusó que el Comité no agotó previamente las instancias nacionales antes de escalar el caso a nivel internacional.
La CNDH señaló inconsistencias en el informe, al advertir que, por un lado, se habla de desapariciones sistemáticas y, por otro, se reconoce que no existe una política de Estado en ese sentido.
Finalmente, el organismo indicó que el análisis carece de una evaluación integral y de tendencias históricas del fenómeno en México, y subrayó que existen periodos previos que no fueron considerados de manera adecuada.
