CIUDAD DE MÉXICO.- La ofensiva federal contra presuntas redes de corrupción y protección al crimen organizado en Morelos sumó este jueves una nueva captura. Autoridades federales confirmaron la detención de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, quien era uno de los principales objetivos señalados en las investigaciones presentadas recientemente por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
La captura fue realizada por fuerzas del Gabinete de Seguridad con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República. El alcalde de Cuautla era buscado desde que las autoridades revelaron una serie de investigaciones sobre presuntos vínculos entre funcionarios municipales, empresarios y estructuras criminales que operaban en la región oriente de Morelos.
Con esta detención, prácticamente todos los principales nombres mencionados por Harfuch durante su informe han sido alcanzados por las acciones judiciales. Entre ellos se encuentran alcaldes en funciones, ex presidentes municipales, funcionarios de ayuntamientos, empresarios y operadores políticos investigados por presuntos delitos relacionados con extorsión, delincuencia organizada, tráfico de armas, homicidios, robo de vehículos y protección a grupos criminales.
El Gobierno de México informó que la captura forma parte de la continuidad del denominado Operativo Enjambre, así como de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con las autoridades, el reforzamiento de seguridad desplegado en Morelos desde finales de abril ha permitido ampliar las investigaciones y ejecutar nuevas órdenes de aprehensión.
Según el balance más reciente del Gabinete de Seguridad, ya suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos en distintos operativos relacionados con estas investigaciones, incluyendo siete presidentes municipales en funciones. El gobierno federal sostuvo que mantendrá las acciones bajo una política de “cero impunidad” frente a cualquier posible vínculo entre autoridades públicas y organizaciones criminales, mientras continúan las indagatorias para identificar nuevas redes de protección institucional en la entidad.
