El exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, permanecerá en prisión preventiva mientras avanza el proceso en su contra por su presunta participación en el ocultamiento y destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El juez federal Mario Elizondo Martínez rechazó la solicitud de la defensa para que el exmandatario enfrentara el proceso desde su domicilio y determinó que existe riesgo de que pueda evadir la justicia.
Aguirre fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, después de una audiencia que se prolongó por más de seis horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de delitos relacionados con la obstrucción de la justicia y desaparición forzada, por hechos vinculados con la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados y posteriormente desaparecieron los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
De acuerdo con la acusación presentada ante el juez, Aguirre habría ordenado ocultar y destruir evidencias que podían ayudar a esclarecer qué ocurrió con un grupo de normalistas que viajaba en el autobús 1531 y fue interceptado frente al Palacio de Justicia de Iguala.
Entre los elementos expuestos por el Ministerio Público están los testimonios de dos exfuncionarias del Poder Judicial de Guerrero, quienes relacionaron al entonces gobernador con la desaparición de videograbaciones de esa noche.
Según la relatoría de la FGR, el 29 de septiembre de 2014 ambas recibieron un disco que contenía imágenes captadas por las cámaras de vigilancia. En los videos, presuntamente, se observaba a policías de Iguala y hombres vestidos de civil obligando a varios normalistas a descender del autobús.
Una de las testigos habría entregado posteriormente el disco a Aguirre, quien presuntamente lo pasó al entonces procurador estatal Iñaki Blanco para que “se hiciera cargo”.
Al día siguiente, según los testimonios presentados por la Fiscalía, Aguirre reunió a colaboradores cercanos y habría ordenado destruir las evidencias relacionadas con lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre.
Las declaraciones también incluyen señalamientos contra el exgobernador y su sobrino Ernesto Aguirre, quien se desempeñaba como su asesor. Las testigos los describieron como personas peligrosas y afirmaron que “tenían relación con los grupos criminales”.
La FGR sostuvo después de la audiencia que las investigaciones “acreditaron, con plena evidencia y apego al debido proceso, la participación de Aguirre, junto con servidores públicos estatales de alto nivel, en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes”.
Aguirre, por su parte, negó haber participado en los hechos y acudió a la audiencia en silla de ruedas. Durante su comparecencia afirmó que su estado de salud se complicó después de su detención y señaló que padece hipertensión.
Aunque inicialmente se reservó su derecho a declarar, finalmente tomó la palabra para lamentar lo ocurrido con los normalistas y defender su actuación durante los casi 12 años transcurridos desde la desaparición.
“tengo mi conciencia tranquila y en paz”, afirmó.
También sostuvo que siempre colaboró con las investigaciones y aseguró: “demostraré a mi familia que nada tengo que ver con lo que pasó”.
La defensa pidió que Aguirre permaneciera bajo prisión domiciliaria debido a su edad y estado de salud, pero el juez rechazó la solicitud al considerar que no se cumplían las condiciones para conceder ese beneficio.
