A cinco días de haber ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, volvió este lunes ante un juez federal para conocer si deberá enfrentar un proceso por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada relacionado con el caso Ayotzinapa.
La audiencia se reanudó en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, donde el juez de control Mario Elizondo Martínez deberá determinar si existen elementos suficientes para vincular a proceso al exmandatario.
Aguirre Rivero fue trasladado desde el penal del Altiplano por orden del juez y llegó a la diligencia acompañado de sus abogados. Su esposa también acudió al Centro de Justicia.
El exgobernador compareció en silla de ruedas y señaló que enfrenta diversos problemas de salud. Pese a ello, el juez rechazó concederle la prisión domiciliaria.
"Tengo mi conciencia tranquila y muy en paz", afirmó Aguirre Rivero durante su primera comparecencia.
La defensa había solicitado ampliar el plazo constitucional para preparar sus argumentos y presentar pruebas con las que busca desacreditar la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR). Concluido ese periodo, la audiencia fue retomada para definir su situación jurídica.
Uno de los principales señalamientos de la Fiscalía apunta a la presunta desaparición de grabaciones relacionadas con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Según la FGR, Aguirre Rivero habría ordenado la destrucción de un DVD que contenía imágenes captadas por dos cámaras de seguridad instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala.
La Fiscalía sostiene que esas grabaciones eran relevantes porque mostrarían el momento en que policías municipales y estatales trasladaron a un grupo de estudiantes de un autobús a otro.
De acuerdo con la acusación, en las imágenes los normalistas aparecen con las manos sobre la cabeza, mientras eran sometidos y vigilados por policías y hombres armados. Posteriormente, patrullas habrían escoltado el autobús en el que viajaban los estudiantes, seguido por varias camionetas con hombres armados.
La FGR también aseguró ante el juez que una integrante del Consejo de la Judicatura entregó personalmente el video a Aguirre Rivero, después de haberlo tomado de la oficina de Lambertina Galeana, entonces magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y quien recientemente obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.
Otro de los señalamientos apunta a que Aguirre Rivero habría instruido al entonces procurador de Justicia estatal, Iñaki Blanco, para hacerse cargo del material.
La Fiscalía también sostiene que el exgobernador habría ordenado a su sobrino, Eduardo Aguirre, desaparecer las evidencias relacionadas con los estudiantes de Ayotzinapa.
Frente a estas acusaciones, Aguirre Rivero aseguró en su primera audiencia que está dispuesto a aclarar ante el juez los señalamientos de la Fiscalía y defenderse de las imputaciones relacionadas con la desaparición de las grabaciones.
