Durante una exposición encabezada por el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, se informó que el esquema habría involucrado contratos públicos, empresas particulares y una serie de operaciones financieras consideradas atípicas por las autoridades.
De acuerdo con la dependencia, la investigación identificó la posible simulación de servicios, participación coordinada entre servidores públicos y particulares, así como el uso de empresas fachada para movilizar recursos relacionados con contratos del entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
La UIF señaló que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2019 y posteriormente impulsó una demanda civil en Florida, Estados Unidos, con el objetivo de recuperar recursos presuntamente desviados. El caso contó con colaboración internacional de autoridades de Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.
Según la información presentada, en 2026 un tribunal de Florida emitió una sentencia definitiva relacionada con la familia Weinberg por un monto de 578.5 millones de dólares dentro del proceso civil promovido por autoridades mexicanas.
La Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que las investigaciones permitieron reconstruir la ruta de los recursos y documentar movimientos financieros relacionados con contratos, empresas y operaciones consideradas irregulares por las autoridades.
