La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró este miércoles que, contrario a versiones difundidas en medios, la suspensión definitiva concedida por una jueza federal no significa que Ruffo Appel haya obtenido automáticamente el beneficio de continuar su proceso en prisión domiciliaria.
La resolución fue emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México dentro de un juicio de amparo promovido contra la decisión del juez de control que previamente negó modificar la medida cautelar.
El efecto de la suspensión es que el juez de control deberá emitir una nueva determinación sobre la petición de la defensa, no ordenar de manera directa la salida del exmandatario del centro penitenciario.
La audiencia de revisión se realizará vía videoconferencia el viernes 25 de septiembre. Será entonces cuando se determine si Ruffo Appel permanece bajo la actual medida cautelar o si existen elementos jurídicos para modificar las condiciones en las que enfrenta su proceso.
El asunto mantiene especial interés en Baja California. Ruffo Appel fue gobernador del estado de 1989 a 1995 y se convirtió en el primer mandatario estatal emanado del PAN en la entidad. Actualmente enfrenta un proceso federal relacionado con una investigación por presunto contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada; las imputaciones corresponden a la FGR y no constituyen por sí mismas una sentencia de culpabilidad.
La defensa del exgobernador ha buscado que la prisión preventiva pueda cumplirse en su domicilio y ha argumentado, entre otros elementos, su edad —74 años— y condiciones que requieren atención médica.
La precisión de la Fiscalía resulta relevante después de que durante las últimas horas circularan versiones que daban por hecho que Ruffo Appel había obtenido prisión domiciliaria e incluso que abandonaría El Altiplano. Hasta ahora, la resolución judicial conocida obliga a revisar nuevamente la medida cautelar.
