La participación de empresas israelíes en proyectos agroindustriales y de cooperación hídrica en México ha generado cuestionamientos de jóvenes activistas, quienes advierten sobre los riesgos de incorporar compañías de ese país a sectores estratégicos como el agua, en medio de las denuncias internacionales por las afectaciones a la población palestina durante la guerra en Gaza.
Bajo la consigna “Lo que pasó en Gaza puede pasar en tu casa”, agrupaciones y usuarios de redes sociales comenzaron a cuestionar la presencia de estas compañías en territorio mexicano. Uno de los principales focos de la polémica se encuentra en Yucatán, donde el gobierno estatal organizó una feria agroindustrial con la participación de seis empresas israelíes, mientras que en Chihuahua también existen cuestionamientos sobre un convenio de cooperación relacionado con los recursos hídricos.
En Yucatán, la controversia surgió durante la segunda edición de Pro Agro Innovación 2026, realizada del 9 al 11 de octubre en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. El encuentro reunió a más de 150 empresas expositoras y representantes de más de 10 países, con exhibiciones de maquinaria, insumos, tecnología y financiamiento, además de reuniones comerciales entre productores, inversionistas y compañías del sector.
El gobierno encabezado por Joaquín Díaz Mena presentó el encuentro como una oportunidad para ampliar el acceso de los productores a tecnología, financiamiento y mercados nacionales e internacionales. Sin embargo, la presencia de empresas israelíes provocó cuestionamientos sobre las condiciones de su participación y los posibles efectos de incorporar tecnología extranjera a actividades relacionadas con el manejo del agua y otros recursos naturales.
El embajador de Israel en México, Yoed Magen, asistió al evento para respaldar la participación de las seis empresas de su país y recordó los antecedentes de cooperación entre ambas partes. En junio de 2021, durante la administración del entonces gobernador Mauricio Vila Dosal, se firmó una carta de intención con Israel para ampliar el intercambio en áreas como agricultura, tecnologías de la información, seguridad pública y cambio climático, además de promover nuevas inversiones.
La dirigencia de Morena en Yucatán cuestionó ese antecedente y, en un comunicado emitido el 12 de octubre, llamó a los organizadores de Pro Agro y al sector productivo a reconsiderar la presencia de estas compañías. El partido pidió que las relaciones comerciales del estado se revisen conforme a los derechos humanos y al derecho internacional, y manifestó su respaldo al pueblo palestino.
Entre las voces críticas se encuentra la influencer y activista local Vicky Wolff, quien alertó sobre la relación entre la incorporación de tecnología israelí y los riesgos para los recursos naturales de la región. El Comité de Solidaridad con Palestina-Yucatán y la organización Acción Pacífica en Mérida también han exigido que se rompan los vínculos comerciales y de cooperación con Israel en respuesta a las acciones de su gobierno contra la población palestina.
Las preocupaciones se relacionan con la posibilidad de que la incorporación de tecnología para administrar o aprovechar el agua genere dependencia de proveedores privados extranjeros, así como con la necesidad de conocer quién controla esas herramientas, bajo qué condiciones se contratan y qué mecanismos de supervisión existen. Los críticos consideran que este tipo de decisiones debe revisarse especialmente en regiones donde el agua es indispensable para el consumo humano y la producción agrícola.
Los cuestionamientos también se apoyan en denuncias sobre el acceso al agua en territorios palestinos. El 27 de septiembre, el diario La Jornada publicó un reporte, basado en información de agencias internacionales, sobre el desvío de manantiales que abastecían a comunidades palestinas de Cisjordania por parte de colonos israelíes. De acuerdo con esa información, el agricultor palestino Saad Nemer denunció que la interrupción del suministro destruyó sus cultivos, mientras que el organismo militar israelí encargado de asuntos civiles en ese territorio reconoció que el desvío se había realizado sin autorización y anunció una investigación.
Estos antecedentes han alimentado las críticas de quienes consideran que México debe revisar los acuerdos con empresas y organismos vinculados con Israel, especialmente cuando involucran recursos esenciales. Sin embargo, las denuncias sobre las afectaciones al suministro de agua en comunidades palestinas no demuestran por sí mismas que exista una estrategia para controlar los recursos hídricos mexicanos ni que las compañías participantes en Yucatán pretendan apropiarse de ellos.
La discusión también se extiende a Chihuahua, donde en 2023 la Junta Central de Agua y Saneamiento firmó un convenio de cooperación hídrica con MASHAV, la agencia israelí de cooperación internacional. El acuerdo ha generado interrogantes sobre su alcance, los mecanismos de financiamiento, las acciones realizadas y la posible participación de empresas privadas.
En septiembre de 2026, la diputada de Morena Leticia Ortega Máynez solicitó nuevas explicaciones sobre el convenio y pidió información relacionada con sus resultados y las empresas involucradas. Las preguntas se centran en la transparencia del acuerdo y en la supervisión pública de la cooperación, aunque tampoco se ha demostrado que implique la transferencia del control del agua de Chihuahua a Israel.
Hasta el momento, los activistas no han presentado pruebas de que las empresas israelíes participantes en Pro Agro Innovación 2026 busquen controlar el agua de Yucatán ni de que Israel Trade & Investment opere oficialmente en la entidad con ese propósito. La presencia de compañías en un encuentro comercial y la existencia de convenios de cooperación tampoco acreditan, por sí solas, una entrega de recursos naturales.
